La Fiscalía de Esquel aclaró que la causa se encuentra en etapa preliminar y aún no hay imputados. Las niñas ya están bajo protección judicial y contenidas.
Una grave denuncia por presunta explotación y corrupción de dos niñas en situación de extrema vulnerabilidad mantiene en vilo a las localidades de Gobernador Costa y José de San Martín. Tras la realización de siete allanamientos simultáneos este viernes, la justicia avanza con cautela para determinar la responsabilidad de varios hombres mayores de edad bajo sospecha.
El procurador de la Fiscalía de Esquel, Ismael Cerda, precisó en declaraciones a Canal 12 que el caso se encuentra en una etapa estrictamente preliminar: «Hasta aquí son solamente sospechas. No queremos que nadie se sienta señalado hasta que exista alguna cuestión formal», remarcó el funcionario, confirmando que por el momento no se registran personas imputadas.
La investigación penal se disparó de forma inesperada hace aproximadamente una semana, a raíz de la detención de un hombre que había incumplido una orden judicial de prohibición de acercamiento a la vivienda de las menores.
«A raíz de esa desobediencia averiguamos por qué tenía esa prohibición y encontramos informes del Juzgado de Familia que alertaban sobre una situación de vulnerabilidad de las nenas», detalló Cerda a Canal 12.
El trasfondo del caso
Al profundizar en los antecedentes junto a la Policía del Chubut y la División Policial de Investigaciones, la Fiscalía recabó testimonios alarmantes que apuntaban a un escenario mucho más complejo que una simple desobediencia judicial. Los relatos daban cuenta de que las niñas pedían dinero en la vía pública e incluso golpeaban las puertas de los camiones que circulaban o se detenían en Gobernador Costa.
La hipótesis fiscal apunta a que un grupo de hombres mayores de edad se habría aprovechado de este contexto de vulnerabilidad extrema, entregándoles dinero, alimentos, teléfonos celulares y otros bienes a cambio de beneficios que ahora son materia de investigación.
Respecto a los siete operativos realizados en ambas localidades, el procurador señaló que el objetivo principal fue el secuestro de elementos informáticos y de valor probatorio. «Recién hoy tenemos que analizar todo lo que hemos secuestrado para determinar qué nos podemos llegar a encontrar», explicó.
Finalmente, las autoridades llevaron tranquilidad respecto a la seguridad de las víctimas. Las dos niñas ya fueron puestas a resguardo del sistema judicial: «Las menores están contenidas, judicializadas y fuera del alcance de las personas involucradas. Estamos trabajando con ellas y por eso tampoco podemos brindar mucha más información», concluyó el funcionario.
