Tras frustrarse la firma del contrato con el Grupo MR, la adjudicataria denunció «intencionalidad clara» para favorecer a la actual prestataria. Para evitar el colapso del servicio en junio, el Ejecutivo deberá apelar a una prórroga de emergencia.
El proceso licitatorio para renovar el cuestionado servicio de transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia terminó en un absoluto fracaso político y administrativo. El pasado lunes por la tarde, lo que debía ser el paso definitivo hacia la modernización del sistema se transformó en un quiebre institucional: el Municipio anuló la firma del contrato con la empresa adjudicataria Grupo MR, desatando una guerra de denuncias cruzadas y reservas de acciones judiciales contra la gestión del intendente Othar Macharashvili.
Desde el Ejecutivo municipal argumentaron que la caída del acuerdo obedeció de manera estricta a que la firma MR no cumplió con documentación obligatoria y excluyente del pliego. Según la versión oficial, la empresa no acreditó mediante títulos de propiedad ni derechos de uso las 95 unidades cero kilómetro requeridas para tomar la concesión a partir del próximo 1 de junio.
La contraofensiva de MR: «Hay una intencionalidad clara»
Lejos de llamarse al silencio, los representantes del Grupo MR —Gastón Acevedo, Raúl Sosa y Rosa Gómez— brindaron una conferencia de prensa en la mañana de este martes para dar su versión y arremetieron con dureza contra el Ejecutivo. Acevedo, asesor letrado de la empresa, reveló detalles de la frustrada reunión y aseguró que el propio asesor legal del municipio, Jorge Echelini, había validado la documentación aportada en reiteradas oportunidades.
De acuerdo con el acta del encuentro, Echelini constató que MR presentó certificaciones formales de las concesionarias Colcar Merbus S.A. y Diesel San Miguel, donde figuraba la adquisición de los 95 colectivos nuevos con sus respectivos números de chasis y motor. El letrado municipal incluso dejó asentado que, al tratarse de unidades cero kilómetro, era lógico que aún no contaran con el título de propiedad definitivo, por lo que las certificaciones de fábrica eran técnicamente suficientes para demostrar la disponibilidad de la flota.
«Jorge Echelini dice que sí, que las condiciones están reunidas. Acto seguido, un secretario va a verlo al Intendente, éste llama a los funcionarios y después de 15 minutos vuelven diciendo que no firman», relató Acevedo, apuntando directamente a una decisión política de último momento tomada en el despacho principal.
El abogado de la empresa denunció una maniobra para dilatar el proceso de manera premeditada: «No habíamos salido de la oficina y ya había partes oficiales hablando de emergencia y de dárselo a la empresa actual. A nosotros nadie nos notificó nada sobre el motivo por el cual el señor Intendente no firmó el contrato».
Volver al pasado y el costo político
El abrupto colapso de la licitación deja al Municipio en un escenario de extrema vulnerabilidad contractual y logística. El anunciado «salto de calidad» para el transporte local quedó en la nada y, ante la inminencia del vencimiento de los plazos el próximo 1 de junio, la gestión municipal se verá obligada a firmar una nueva prórroga de emergencia con Patagonia Argentina para evitar dejar a pie a miles de usuarios comodorenses.
El conflicto ahora se traslada a los estrados judiciales por los perjuicios económicos y la reserva de derechos realizada por el Grupo MR. En el ámbito comunitario, el fracaso del pliego expone la falta de rigor técnico y la improvisación en áreas clave de control, abriendo un fuerte debate sobre quién asumirá el costo político de una ciudad que seguirá cautiva del mismo esquema de transporte bajo la bandera de la emergencia permanente.
