Una indignante trama de engaño, abuso de confianza y vulneración familiar sacude a la localidad de Sarmiento. Este jueves, la Oficina Judicial local fue el escenario de la audiencia de formalización contra Celeste Fernanda Soto Assin, una mujer de 35 años acusada de perpetrar una millonaria estafa mediante manipulación informática en perjuicio, ni más ni menos, que de los abuelos de su propia pareja.
De acuerdo con la acusación presentada ante el juez Ariel Quiroga por las investigadoras del Ministerio Público Fiscal, la funcionaria Tamara Bernardi y la procuradora Marisol Sandoval, las maniobras delictivas se extendieron entre fines de 2024 y fines de 2025. El modus operandi de la procesada consistió en aprovechar la intimidad de su entorno político familiar para ganarse la confianza de los dos adultos mayores. Una vez que obtuvo el acceso a la privacidad de las víctimas, Soto Assin configuró las aplicaciones de home banking del Banco de la Nación Argentina en su propio teléfono celular, utilizando de manera ilegítima los datos de identidad y la validación biométrica de los damnificados. Las pericias informáticas acreditaron que la imputada manipuló las plataformas digitales para simular que las operaciones eran realizadas por los verdaderos titulares.
Bajo esta modalidad, la mujer ejecutó dos golpes financieros directos. En el primer hecho, cometido contra la abuela de su pareja el 30 de octubre de 2024, gestionó un crédito bancario exprés y, minutos después de la acreditación, transfirió de forma consecutiva un millón de pesos y luego un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos pesos hacia su billetera virtual personal. Como consecuencia de esta estafa, la entidad bancaria ahora le debita a la jubilada 48 cuotas mensuales de un préstamo que jamás solicitó. En el segundo hecho, repitiendo la idéntica maniobra informática contra el abuelo de su pareja, obtuvo un segundo crédito por un total de 640.000 pesos, desviando los fondos de forma inmediata a sus cuentas electrónicas para realizar compras particulares y pagar servicios telefónicos personales.
Más allá del severo perjuicio económico, que supera los tres millones de pesos en capitales históricos, la fiscalía expuso un agravante que generó profunda consternación y repudio en los tribunales. Una de las cuentas afectadas pertenecía a la apoderada legal de una menor con discapacidad, hija de una de las denunciantes. Las maniobras de vaciamiento informático provocaron el bloqueo total y la pérdida de disponibilidad de los fondos que la familia mantenía ahorrados con esfuerzo extremo para costear una compleja cirugía de piernas a la que la joven debía ser sometida de urgencia.
Durante el acto de apertura, la defensa técnica de la imputada, ejercida por la abogada particular Claudia Isabel Jones, decidió no formular objeciones a los hechos relatados por el Ministerio Público Fiscal. En su lugar, la defensora solicitó formalmente abordar la causa penal mediante una solución alternativa del conflicto, asegurando que su asistida se encuentra en condiciones materiales de realizar una reparación económica integral, en un solo pago, a favor de los abuelos damnificados para evitar la instancia de un juicio oral. Finalmente, el juez Ariel Quiroga resolvió hacer lugar a la apertura de la investigación preparatoria en orden a la calificación de estafa, otorgando un plazo legal de seis meses para que la fiscalía concluya la producción de pruebas y determine si acepta la conciliación económica propuesta o eleva la causa a debate.
