El diputado nacional José Glinski presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen de presupuestos mínimos para prevenir, identificar y remediar los pasivos ambientales generados por la actividad hidrocarburífera, además de garantizar que las empresas asuman los costos de reparación y evitar que recaigan sobre el Estado o la comunidad.
La iniciativa surge en un contexto marcado por el retiro de operadoras de áreas petroleras maduras, como ocurre en la Cuenca del Golfo San Jorge, y apunta a cubrir un vacío normativo frente al abandono de pozos y la transferencia de concesiones a empresas con menor capacidad económica. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es impedir que las compañías obtengan beneficios durante décadas y luego dejen pasivos ambientales sin remediar.
Remediación ambiental y garantías obligatorias
El proyecto propone crear un marco legal que obligue a las empresas hidrocarburíferas a responder por los daños ambientales derivados de la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización, cierre y abandono de pozos. Entre sus principales objetivos figuran la recomposición de las áreas afectadas, la prevención de pozos abandonados o «huérfanos» y la creación de mecanismos financieros que aseguren la remediación ambiental.
Además, establece la creación de un Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos, que se financiará con aportes obligatorios de las empresas, multas, recursos del Estado nacional y otras fuentes. También obliga a las operadoras a constituir garantías financieras suficientes para cubrir los costos de abandono técnico, cierre ambiental, remediación y monitoreo posterior de los pozos.
Registro público y mayores controles
Otro de los ejes de la propuesta es la creación de un Registro Nacional de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos, de acceso público y gratuito, que incluirá información sobre la ubicación y estado de los pozos, los operadores responsables, los riesgos ambientales, el avance de las tareas de remediación y las garantías financieras constituidas.
Asimismo, el texto exige que toda transferencia de áreas petroleras cuente previamente con una evaluación ambiental, una auditoría técnica independiente, la acreditación de solvencia económica del nuevo operador y un plan actualizado de cierre y remediación. También prohíbe ceder áreas a empresas que no puedan demostrar capacidad técnica y financiera para afrontar esas obligaciones.
La transición energética como oportunidad laboral
Uno de los aspectos centrales del proyecto plantea que el cierre de pozos deje de considerarse el final de la actividad petrolera y pase a integrarse como una etapa productiva capaz de generar empleo.
En los fundamentos se sostiene que las tareas de sellado, remediación, restauración ambiental y monitoreo pueden convertirse en una fuente de trabajo para los actuales trabajadores del sector, favoreciendo una transición energética justa en ciudades históricamente petroleras como Comodoro Rivadavia, Cutral Có, Plaza Huincul y Caleta Olivia.
El proyecto también incorpora definiciones específicas sobre pozos maduros, inactivos, abandonados y huérfanos, establece la responsabilidad solidaria de las empresas incluso cuando existan cesiones o cambios societarios, y prevé sanciones para quienes incumplan las obligaciones ambientales establecidas en la futura ley.
