La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (CaCIP) manifestó de manera oficial su profunda preocupación y firme rechazo ante el nuevo pedido de readecuación tarifaria para el servicio de energía eléctrica y alumbrado público. El reclamo, que actualmente se encuentra bajo el procedimiento de audiencia pública ante el Ente de Control de los Servicios Públicos (ENCOSEP), encendió las alarmas en todo el arco productivo de la región.
La postura institucional de la entidad se fundamenta en el impacto directo y devastador que un nuevo incremento tendría sobre comercios, PyMEs, emprendedores, profesionales, prestadores de servicios y usuarios de la ciudad. Desde la Cámara advirtieron que este planteo llega en medio de un contexto económico local extremadamente complejo, marcado por una severa caída del consumo, retracción de la actividad general, aumento sostenido de costos fijos, una fuerte presión tributaria y la consecuente pérdida de rentabilidad en numerosos sectores.
Según trascendió sobre los detalles técnicos del expediente, el nuevo pedido contempla incrementos diferenciados según la categoría del usuario. Entre ellos, se destaca un 28,2 % de aumento para usuarios no residenciales, además de variaciones superiores para determinadas categorías residenciales subsidiadas y la suba correspondiente al alumbrado público. Para la CaCIP, este incremento se suma a readecuaciones recientes ya autorizadas, lo que genera un impacto acumulado de magnitud considerable en un plazo sumamente breve para el sector comercial.
Frente a este escenario, las autoridades de la institución comercial dejaron en claro que la continuidad y sustentabilidad de los servicios públicos es un objetivo compartido; sin embargo, sostienen que toda actualización tarifaria debe estar debidamente fundada, ser razonable, proporcional y plenamente compatible con la capacidad real de pago de los usuarios. Al ser la energía eléctrica uno de los costos operativos más sensibles para la actividad comercial, industrial y de servicios, argumentan que cualquier incremento debe analizarse contemplando el impacto económico y social sobre quienes sostienen la actividad diaria de la ciudad.
Tras participar de la audiencia pública convocada por el ENCOSEP y escuchar las expresiones de los vecinos y sectores afectados, la Cámara resolvió formalizar su posición mediante una presentación escrita para que sea incorporada al expediente administrativo. Asimismo, remitió una nota formal ante el ente de control solicitando de manera explícita el rechazo del aumento en las condiciones actuales.
En el escrito, la CaCIP exige que, antes de considerar cualquier modificación tarifaria, se le requiera a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) la presentación de una memoria de cálculo completa, clara y accesible sobre la incidencia real del costo mayorista de la energía en cada categoría. Al mismo tiempo, consideraron indispensable que se incorpore formalmente al análisis la auditoría integral realizada sobre la prestataria y toda la información económica, financiera y operativa relevante, con el fin de evaluar si existe una necesidad efectiva de trasladar nuevos costos a una comunidad que necesita transparencia para comprender bajo qué criterios se pretende modificar nuevamente la tarifa.
