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«Somos bastante pocos»: Admiten falta de recursos técnicos en el EnCoSep

Cristian Serdeiro reconoció que el EnCoSep cuenta con un equipo sumamente reducido para auditar las complejas estructuras de costos que presenta la cooperativa.

 

La dilación en el control de las tarifas de los servicios públicos en Comodoro Rivadavia expuso las severas limitaciones estructurales del organismo encargado de defender a los usuarios. En medio de cuestionamientos sobre el análisis de las fórmulas polinómicas y los balances de la SCPL, el titular del Ente de Control de los Servicios Públicos (EnCoSep), Cristian Serdeiro, reconoció abiertamente la falta de profesionales dedicados a la fiscalización de costos.

Ante la observación sobre la necesidad de contar con un cuerpo de profesionales en costos dentro del organismo regulador, la respuesta de Serdeiro fue tajante respecto a sus recursos humanos internos:

«Somos bastante pocos.»

Límites en la fiscalización

 

La falta de personal e instrumental técnico idóneo para contrastar de forma independiente los números de la prestataria coloca al ente regulador en una posición de asimetría informativa. Serdeiro aclaró que el rol del EnCoSep se limita a procesar lo que la propia cooperativa entrega, descartando la posibilidad de realizar auditorías internas directas en la empresa:

  • La injerencia del ente: «Nosotros no nos metemos en la SCPL, no tenemos la posibilidad de hacer eso. Podemos solicitar información, todo eso. Después es lo que sucede con ellos y nosotros lo que verificamos».

  • La procedencia de los costos: El funcionario también recordó que gran parte de los incrementos de energía básica se determinan a nivel nacional, escapando al control del ejido municipal.

La situación plantea una profunda contradicción regulatoria: si el ente regulador es el encargado constitucional de autorizar o rechazar los aumentos tarifarios, la escasez de herramientas técnicas y la aceptación pasiva de la información enviada por la SCPL limitan severamente su capacidad real de control, dejando la protección del bolsillo de los usuarios supeditada a la voluntad informativa de la propia prestataria.

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