La jueza federal Sandra Arroyo Salgado volvió a referirse públicamente a la muerte del fiscal Alberto Nisman y aseguró que existen versiones que relacionan a integrantes de los servicios de inteligencia y a una empresa de Río Turbio con el asesinato ocurrido en enero de 2015.
Las declaraciones fueron realizadas durante una exposición organizada por el Rotary Club de Buenos Aires, donde la magistrada participó de una charla sobre investigaciones complejas y el nivel de credibilidad de la Justicia argentina.
En ese contexto, Arroyo Salgado afirmó que la causa logró avanzar en una primera etapa y sostuvo que «ya está demostrado» que el fiscal fue asesinado. Sin embargo, consideró difícil que la investigación llegue a identificar a todos los responsables del hecho.
Durante su intervención, mencionó que existen trascendidos sobre los presuntos autores materiales del crimen y señaló una posible conexión entre miembros de los servicios de inteligencia y una empresa radicada en Río Turbio, aunque evitó profundizar sobre esa hipótesis.
La investigación por la muerte de Alberto Nisman continúa bajo la órbita de la fiscalía federal encabezada por Eduardo Taiano y mantiene como principal línea investigativa la hipótesis de homicidio.
Según la causa judicial, agentes de inteligencia del Ejército habrían estado en las inmediaciones del departamento del fiscal, ubicado en las torres Le Parc de Puerto Madero, durante el fin de semana en el que apareció muerto de un disparo en la cabeza.
Hasta ahora, el único procesado es Diego Lagomarsino, técnico informático y propietario del arma utilizada en el hecho. Si bien inicialmente declaró que había entregado la pistola a pedido de Nisman, la investigación determinó posteriormente que el primer contacto telefónico entre ambos había sido iniciado por él.
Además de referirse al caso, Arroyo Salgado realizó duras críticas al funcionamiento del sistema judicial argentino y alertó sobre el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.
«La Justicia argentina arrastra una deuda», expresó la magistrada, al sostener que el sistema presenta dificultades para investigar delitos complejos vinculados a organizaciones criminales.
También advirtió sobre el avance de los delitos virtuales y planteó la necesidad de adaptar la legislación a las nuevas modalidades delictivas. Entre las propuestas mencionó incorporar restricciones vinculadas a la «libertad virtual» para detenidos que continúan operando desde las cárceles a través de teléfonos celulares.
El caso
Alberto Nisman investigaba el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994 y considerado el ataque terrorista más grave de la historia argentina.
En enero de 2015, denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros funcionarios por presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados de participar en el atentado, a raíz del memorándum firmado entre Argentina e Irán.
Cuatro días después de presentar la denuncia, el fiscal fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero. Aunque en un comienzo se investigó la posibilidad de suicidio, la Justicia federal concluyó luego que se trató de un homicidio.
A más de una década del hecho, la causa continúa abierta y aún no hay condenados por la muerte del fiscal.
