La causa por el robo de vacunas contra el Covid-19 en Comodoro Rivadavia avanza hacia su etapa final. La investigación dirigida por el fiscal general Teodoro Nürnberg ya está concluida y sólo resta que se fije la fecha para el juicio oral y público.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el expediente siga tramitándose en el fuero federal, revirtiendo así una decisión previa del Tribunal Oral Federal de Comodoro, que en junio de 2023 había declarado su incompetencia y pretendía derivar el caso a la Justicia Provincial.
El fiscal Nürnberg apeló aquella resolución argumentando que, si bien la distribución de las vacunas fue delegada a las provincias, las dosis seguían siendo propiedad del Estado Nacional. Además, remarcó que trasladar la causa implicaría demoras innecesarias y complicaciones en la investigación, ya muy avanzada.
La denuncia original fue presentada en febrero de 2021 por Miryám Monasterolo, entonces directora del Área Programática Sur del Ministerio de Salud, al detectar la desaparición de 30 dosis de la vacuna Sputnik V.
Tras los primeros allanamientos y secuestros, la Justicia Provincial se declaró incompetente y giró el expediente al Juzgado Federal de Comodoro, que comenzó a indagar a los sospechosos.
Taboada en la mira
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, una integrante del Sindicato de Camioneros –ligado al exdiputado Jorge Taboada– habría ofrecido dinero a una enfermera para conseguir 30 dosis destinadas a empleados del gremio y su obra social. La maniobra incluyó el robo de vacunas, su conservación y posterior aplicación de forma irregular, todo a cambio de dinero. Posteriormente, también desaparecieron otras 30 dosis correspondientes a la segunda aplicación.
El fiscal Nürnberg señaló que el hecho se vio facilitado por el desorden en el proceso de vacunación en aquel momento, ante la falta de medidas de seguridad, controles eficaces y protocolos adecuados. En total, 24 personas enfrentan cargos como hurto, cohecho y encubrimiento.
En julio de 2023, cuando el TOF convocó a las partes a ofrecer pruebas para el juicio, las defensas volvieron a plantear la incompetencia federal. El tribunal aceptó, entendiendo que las vacunas ya pertenecían a la provincia de Chubut al momento del hecho. Pero la Cámara de Casación volvió a dar marcha atrás.
Los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos destacaron que, más allá de la discusión sobre la propiedad de las dosis, debía priorizarse la economía procesal y la necesidad de evitar nuevas demoras, ya que el expediente se encuentra listo para el debate.
Además, los camaristas recordaron que hechos similares se repitieron en distintas partes del país y generaron una fuerte reacción social, al afectar la vacunación de los grupos de riesgo. «La dilación sólo sería perjudicial para el éxito del proceso», afirmaron, y remarcaron que debe actuarse con celeridad frente a maniobras que atentaron contra la salud pública.
