En diálogo con Radio del Sur 97.1, el abogado querellante Roberto Castillo aseguró que la audiencia convocada para este viernes en el marco de la causa por la muerte de Ángel López podría derivar en una modificación de la imputación contra Mariela Altamirano y Michel Kevin González.
Castillo explicó que la audiencia fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal y consideró que el objetivo sería reformular el rol atribuido a la madre del niño dentro de la investigación.
«Entiendo que lo que se va a discutir es eso, en función de la prueba que fue recolectando el Ministerio Público Fiscal», sostuvo.
Según indicó el letrado, inicialmente la Fiscalía acusó a Altamirano por una conducta de omisión, mientras que a González se le atribuyó haber ejecutado las agresiones. Sin embargo, afirmó que durante la investigación surgieron elementos que comprometerían directamente a ambos.
«Hay sobrada prueba que acredita que Mariela Altamirano era una mujer extremadamente violenta y que esta era una pareja de sádicos que sometieron a todos los chicos con los que convivían a diferentes modalidades de violencia», expresó.
Castillo aseguró además que existen conversaciones, testimonios y hasta un video incorporado a la causa donde se observa a Altamirano ejerciendo violencia física contra Ángel.
«Yo entiendo que hoy va a cambiar y se la va a acusar de manera directa a ella», afirmó.
El abogado sostuvo que, desde la querella, siempre se planteó una hipótesis de coautoría.
«Nosotros desde el inicio hablamos de una coautoría, de dos personas que maltrataron mediante todas las modalidades a todos los chicos con los que convivían y que a Ángel le terminaron quitando la vida», indicó.
Por otro lado, Castillo también se refirió a la declaración en Cámara Gesell de una hija de González, quien habría sido ofrecida como testigo por la propia defensa del imputado.
Según relató, la menor describió episodios de violencia extrema dentro del hogar.
«Cuando Ángel se equivocaba en ejercicios de matemática, él le metía la cabeza en duchas de agua fría o en una pileta con agua sucia», contó el abogado.
Además, señaló que la niña naturalizaba esas conductas violentas. «Cuando le preguntan qué le pasaba con esas prácticas, respondió: ‘Para mí era normal’», detalló.
Castillo sostuvo que el testimonio terminó perjudicando a González. «La propia defensa aportó una prueba que terminó describiendo prácticas extremadamente abusivas y violentas», remarcó.
En relación al reciente informe forense que atribuyó la muerte del niño a una infección pulmonar en concomitancia con traumatismos craneales, el querellante aseguró que eso no modifica la responsabilidad penal de los imputados.
«La neumonía no puede verse de manera aislada. También es consecuencia de las prácticas abusivas y violentas que ejercían contra Ángel», explicó. Y agregó: «Si sometés durante meses a un niño de cuatro años a violencia extrema, el deterioro de su salud también forma parte del mismo contexto de maltrato».
Castillo también apuntó contra distintos organismos estatales que intervinieron previamente en el caso y confirmó que ya presentó denuncias penales contra integrantes del sistema de protección de derechos.
«Denunciamos por incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y abandono de persona seguido de muerte», señaló.
Asimismo, adelantó que avanzarán con pedidos de jury contra funcionarios judiciales que participaron en las decisiones sobre la revinculación de Ángel con su madre.
El abogado cuestionó además la falta de controles sobre el estado de salud del niño y recordó que Ángel había bajado considerablemente de peso antes de morir.
«No hubo intervención de absolutamente nadie», cuestionó.
Por último, indicó que una de las medidas que podrían solicitarse en el futuro es la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas a los imputados.
«En un homicidio con semejante nivel de violencia infantil extrema tiene que haber patrones de conducta que expliquen este cuadro de situación», concluyó.
