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Repudio de la Asociación de Magistrados a las palabras del gobernador en oportunidad de la inauguración de la Ciudad Judicial

La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut (AMFJCH) celebró hoy la inauguración formal de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, expresando su esperanza de que la nueva sede mejore el servicio de justicia. Sin embargo, el festejo fue opacado por un enérgico comunicado en el que la Asociación repudió las declaraciones del gobernador Ignacio Torres, a quien acusó de descalificar a quienes defienden la Constitución Provincial y de ignorar graves irregularidades dentro del propio Poder Judicial.

En su pronunciamiento, la AMFJCH enfatizó que los fueros judiciales «no representan privilegios, sino garantías esenciales para preservar la independencia de jueces y fiscales», cruciales para impedir «presiones políticas o intereses sectoriales» en investigaciones de corrupción. «No defendemos privilegios. Los denunciamos», sentenció la entidad, marcando una clara distancia.

La Asociación no se detuvo ahí y lanzó duras críticas hacia prácticas internas del Poder Judicial, rechazando la «autoasignación de sobresueldos, viáticos desmedidos, pasajes aéreos, vehículos oficiales de alta gama, designaciones de familiares y amistades sin concurso y falta de transparencia y publicidad en las decisiones públicas». Estas acciones, según la AMFJCH, «pueden configurar delitos que la Argentina se ha comprometido a erradicar mediante la ratificación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción de la ONU y la OEA».

Un punto de particular controversia fue la existencia de una partida de “gastos reservados” en el Poder Judicial, calificada como «inaceptable» por la Asociación, ya que «por definición, no están sujetos a los mecanismos de control público y ciudadano».

Finalmente, la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut reivindicó «los valores de la República, la democracia y una justicia honesta, independiente y comprometida con la ética pública», concluyendo que «la ciudadanía merece instituciones íntegras que no se arrodillen ante la corrupción, sino que la enfrenten con firmeza».

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