En el marco de la crítica situación que atraviesan los bosques andinos, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lanzó un contundente reclamo para que la justicia sea implacable con los responsables de iniciar el fuego. «Los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo», sentenció el mandatario, buscando que el castigo sea proporcional al daño ambiental generado.
El proyecto de «Ecocidio»
Torres brindó su respaldo absoluto al proyecto de ley que contempla la figura de «ecocidio», una iniciativa impulsada en la Cámara Alta por la senadora nacional Edith Terenzi. El gobernador recordó la frustración que generan los casos de impunidad, citando lo ocurrido en 2025 en Cholila, donde dos personas fueron capturadas con bidones de combustible en la mano tras quemar la chacra de un vecino por una disputa personal.
«Fueron denunciados y condenados, pero estuvieron menos de un mes presos«, lamentó Torres, subrayando la necesidad de cambiar el Código Penal para evitar que estos delitos sean excarcelables.
Asistencia a familias y trabajo conjunto
Más allá de lo legislativo, el gobernador adelantó que entre hoy y mañana arribará a la provincia una partida de fondos destinada a la asistencia directa de las familias que sufrieron pérdidas totales.
Asimismo, destacó un cambio de paradigma en la relación con el Gobierno Nacional para combatir el fuego. Según Torres, el acompañamiento actual del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, se ha dado «como pocas veces se vio», permitiendo que aviones hidrantes y helicópteros trabajen en simultáneo sin distinguir jurisdicciones entre la Provincia y el Parque Nacional Los Alerces. «Se dejó de lado cualquier mezquindad político-partidaria para priorizar la emergencia», subrayó.
Un reclamo histórico
La implementación de la figura de Ecocidio no es solo un pedido técnico, sino una demanda social que crece con cada hectárea de bosque nativo perdida. Para Torres, la infraestructura y el financiamiento son claves, pero sin un marco legal que garantice prisión efectiva para los atacantes del ecosistema, la lucha seguirá siendo desigual.
