La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) advierte sobre las graves consecuencias del proyecto oficial para autorizar la venta de remedios fuera de las farmacias. El fantasma de los medicamentos apócrifos y el impacto real en el bolsillo de los jubilados.
El debate por la desregulación económica en Argentina sumó un nuevo y delicado capítulo que toca de lleno a la salud de la población. Frente a la intención del Poder Ejecutivo de modificar la Ley de Farmacias para habilitar la venta de medicamentos de «venta libre» en comercios no especializados, las alarmas del sector sanitario se encendieron. No se trata de un experimento inédito: la medida reabre las cicatrices de una política similar implementada hace más de tres décadas.
La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Alejandra Gómez, fue contundente al analizar los riesgos de retirar los medicamentos del ámbito estrictamente farmacéutico. «La oposición a la venta fuera de las farmacias tiene que ver con mucho de lo que vivimos cuando esto ya sucedió en los ‘90, y las consecuencias las sufrió la salud de la población», recordó la dirigente. Durante aquel periodo de desregulación, el libre circuito derivó en la proliferación de medicamentos ilegítimos y la pérdida de control sanitario, un escenario que, según advierten desde el sector, terminó costando vidas.
Un peligro invisible: «Venta libre» no significa inocuo
Uno de los principales argumentos para cuestionar la medida reside en el concepto erróneo de que un medicamento sin receta está exento de riesgos. Desde la COFA señalan que la labor del farmacéutico trasciende la simple entrega de una caja: implica un control profesional estricto que garantiza la trazabilidad del producto, su correcta conservación desde la fabricación y la orientación al paciente para evitar intoxicaciones o interacciones farmacológicas severas.
«Cuando alguien habla de un medicamento de venta libre, no quiere decir que sea inocuo o que no vaya a hacer algo malo. Cualquier fármaco tiene efectos adversos y una dosificación específica. Romper el circuito profesional y permitir que aparezca en cualquier comercio es un riesgo sanitario directo», argumentó Gómez.
Sin la supervisión de un profesional responsable, la garantía de legitimidad del producto se diluye, dejando al consumidor desprotegido ante posibles falsificaciones o adulteraciones.
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¿Precios más bajos o mayor costo para el paciente?
Otro de los pilares del proyecto oficial promueve la desregulación como una vía para forzar la competencia y bajar los precios. Sin embargo, la efectividad de esta premisa es fuertemente cuestionada por los especialistas.
Para graficar la falacia del argumento del «ahorro», desde la confederación expusieron el caso reciente de los digestivos y protectores gástricos (como el omeprazol). Al cambiar su condición de venta o salir de los vademécums de cobertura, las obras sociales y prepagas dejaron de financiar el tratamiento.
El resultado fue paradójico y perjudicial para el usuario: aunque el precio unitario del producto pudo haber mostrado una rebaja en góndola, los afiliados —especialmente los jubilados a través de PAMI— pasaron de tener una cobertura casi total a pagar el $100\%$ del costo de su bolsillo. Lo que en la teoría prometía ser un alivio económico terminó convirtiéndose en un gasto sustancialmente mayor para los sectores más vulnerables.
La controversia plantea así un dilema crítico para la sociedad argentina: ¿vale la pena flexibilizar los controles sobre insumos médicos esenciales en nombre del libre mercado, a riesgo de repetir los trágicos errores sanitarios y económicos del pasado?
