La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly manifestó su rechazo al nuevo pedido de readecuación de la tarifa de energía eléctrica y alumbrado público que actualmente se encuentra en análisis durante la audiencia pública convocada por el ENCOSEP.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que un nuevo incremento tendría un fuerte impacto sobre comercios, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, profesionales y prestadores de servicios, en un contexto económico caracterizado por la caída del consumo, el aumento de los costos operativos y la pérdida de rentabilidad.
La institución aclaró que comparte el objetivo de garantizar la continuidad y sustentabilidad de los servicios públicos, pero remarcó que cualquier actualización tarifaria debe estar debidamente justificada, ser razonable y contemplar la capacidad de pago de los usuarios. En ese sentido, advirtió que la energía representa uno de los principales costos para la actividad comercial, industrial y de servicios.
Según indicó la Cámara, la documentación del expediente contempla incrementos diferenciados de acuerdo con la categoría de usuario, incluyendo una suba del 28,2% para los usuarios no residenciales, además de aumentos para determinados usuarios residenciales subsidiados y una actualización en la tarifa de alumbrado público. La entidad señaló que estas modificaciones se sumarían a otros ajustes autorizados recientemente, generando un impacto acumulado significativo en un corto período.
Frente a este escenario, consideró que no corresponde avanzar con una nueva recomposición tarifaria sin que exista una explicación técnica detallada sobre el costo mayorista de la energía, la metodología utilizada para calcular los porcentajes solicitados y la razonabilidad del traslado de esos costos a los usuarios. También solicitó que se incorpore al expediente la auditoría integral realizada sobre la SCPL, junto con información económica, financiera y operativa que permita evaluar si el incremento resulta realmente necesario.
La Cámara informó además que participó de la audiencia pública convocada por el ENCOSEP y que formalizó su postura mediante una presentación escrita para que sea incorporada al expediente administrativo. En ese documento pidió expresamente que se rechace el aumento en las condiciones actuales, al considerar que no se encuentran acreditadas de manera suficiente su necesidad, proporcionalidad ni el impacto que tendría sobre la actividad económica local.
Asimismo, propuso que, en caso de que existan costos cuyo traslado sea obligatorio, se analicen alternativas que reduzcan el impacto sobre los usuarios, como una aplicación gradual de los aumentos, esquemas de segmentación para comercios y PyMEs, la eliminación de la retroactividad y una revisión integral de los componentes que conforman la factura final.
Finalmente, la entidad sostuvo que si bien los servicios públicos deben ser sostenibles, también debe preservarse la actividad económica que los financia, y advirtió que nuevas subas sin una fundamentación técnica concluyente podrían agravar la situación de un sector que genera empleo, inversión y movimiento comercial en la ciudad.
