La Legislatura de Neuquén puso en marcha el protocolo que establece controles toxicológicos obligatorios, aleatorios y sorpresivos para todos sus integrantes. La medida fue aprobada por amplia mayoría: 30 diputados votaron a favor y dos lo hicieron en contra.
La resolución permitirá comenzar con los testeos dentro del propio edificio legislativo y forma parte de una normativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, que establece los controles como una condición para permanecer en determinados cargos de la función pública.
Los análisis estarán coordinados por el área de Medicina Laboral de la Legislatura, que tendrá a su cargo la toma de muestras, la confidencialidad y la cadena de custodia, sin intervención de las autoridades políticas.
¿Qué sustancias buscarán?
Los controles rápidos estarán orientados a detectar el consumo de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, barbitúricos y benzodiacepinas.
De acuerdo con el protocolo aprobado, los estudios podrán realizarse cada dos meses durante sesiones ordinarias, reuniones de comisión o encuentros preparatorios. La selección de los legisladores será aleatoria y los controles no serán anunciados previamente.
En caso de que una primera prueba arroje un resultado positivo, se deberá realizar una contraprueba confirmatoria en un laboratorio perteneciente a la red sanitaria oficial.
Una medida que alcanza a los tres poderes
La implementación de los narcotests en la Legislatura completa el esquema establecido por la normativa provincial, que alcanza a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado.
El régimen incluye, entre otros cargos, a jueces, intendentes, ministros y directivos de empresas públicas.
Uno de los puntos más estrictos de la legislación establece que la negativa injustificada a proporcionar una muestra será considerada como un resultado positivo, con consecuencias que pueden derivar en la destitución del funcionario.
De esta manera, Neuquén avanza con un sistema de controles toxicológicos que busca extenderse a distintos niveles de la administración pública y que ahora comienza a aplicarse concretamente sobre los 35 integrantes de su Cámara de Diputados.
