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Insólito en Comodoro: le robaron el chaleco antibalas del auto y recibió 21 días de arresto

Un suboficial de la Policía del Chubut que cumple funciones en la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia recibió una sanción de 21 días de arresto luego de que desapareciera un chaleco balístico que tenía asignado.

El episodio ocurrió en febrero de 2025, cuando el efectivo inició su licencia anual. Antes de comenzar sus vacaciones, guardó el equipo de protección reglamentario, un chaleco clase RB2, en el baúl de su vehículo particular.

Al regresar, constató que el elemento ya no se encontraba allí y realizó la denuncia correspondiente. Según quedó asentado en el expediente, aseguró que el chaleco había sido sustraído por «autores ignorados sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia sobre las personas».

La ausencia de daños o signos de violencia en el automóvil fue uno de los puntos analizados durante la investigación interna que inició la Policía para determinar si existían responsabilidades por la pérdida del equipamiento.

21 días de arresto

Tras finalizar el sumario administrativo, la Asesoría Letrada de la Policía recomendó aplicar una sanción al suboficial.

Finalmente, la Jefatura de Policía resolvió imponerle 21 días de arresto, al considerar que su accionar configuró una falta grave contemplada por el reglamento interno de la fuerza.

Pero el caso no terminó con la sanción disciplinaria.

El chaleco era patrimonio del Estado

Al tratarse de un elemento perteneciente a la Policía y adquirido con fondos públicos, el expediente también llegó al Tribunal de Cuentas de Chubut, que comenzó a analizar el posible perjuicio económico ocasionado por la pérdida del chaleco.

El organismo de control tomó intervención para determinar las consecuencias patrimoniales derivadas del extravío y notificó formalmente al policía sobre las actuaciones.

Ahora, el efectivo cuenta con un plazo improrrogable de 15 días para presentar su descargo y ejercer su derecho a defensa.

Una vez cumplida esa instancia, el Tribunal de Cuentas deberá determinar qué medidas corresponden respecto del eventual perjuicio económico generado por la desaparición del equipamiento policial.

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