Tecka continúa conmocionada por el caso de Mónica Morales, la enfermera acusada de asesinar de un disparo en la cabeza a su esposo, Lázaro Calfumán. Durante una audiencia judicial realizada en las últimas horas, la Fiscalía reveló un dato estremecedor: tras cometer el crimen, la mujer le habría enviado a su propio hijo una fotografía del cuerpo sin vida de la víctima.
El fiscal de Esquel, Fidel González, utilizó ese episodio para sostener la «frialdad» con la que actuó la imputada y justificar la continuidad de la prisión preventiva.
La defensa particular había solicitado que Morales recuperara la libertad o, en su defecto, accediera al beneficio de prisión domiciliaria. Sin embargo, la jueza resolvió que continuará detenida al menos hasta el próximo 28 de mayo, fecha en la que se volverá a analizar su situación procesal.
Durante la audiencia, los abogados defensores presentaron un informe socioambiental donde remarcaron el arraigo de la acusada, su desempeño laboral durante más de dos décadas en un hospital rural y la ausencia de antecedentes de riesgo procesal. Además, sostuvieron que la mujer atravesaba un contexto de violencia de género crónica y que el encarcelamiento provocó la pérdida total de ingresos familiares.
Pese a ello, la Fiscalía insistió en que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según plantearon los investigadores, en una comunidad pequeña como Tecka los vínculos personales y familiares podrían influir en futuros testimonios, especialmente porque aún quedan entrevistas pendientes y algunos testigos tendrían dependencia económica o cercanía con la acusada.
El Ministerio Público también expuso otros episodios de presunta violencia previos al crimen. Entre ellos, mencionaron que días antes Morales habría sido vista colocando un cuchillo en el cuello de su pareja mientras lo acusaba de una infidelidad. También señalaron un episodio en el que habría intentado romper una puerta o ventana de su vivienda con un hacha en medio de un ataque de furia.
A esto se sumó el testimonio de una mujer que aseguró haber sido amenazada por la imputada. Según declaró, Morales le habría dicho que la mataría a ella o incluso a su propia pareja si decidía abandonarla.
En relación al hecho principal, la Fiscalía sostuvo que no existen pruebas que indiquen que la acusada actuó en legítima defensa. Indicaron que no presentaba lesiones, que no se detectaron señales de una pelea previa y que tampoco existían denuncias anteriores por violencia doméstica durante los 26 años de relación.
Tras entrevistar a personal del hospital local, integrantes de la Comisaría de la Mujer y referentes religiosos vinculados a la pareja, los investigadores afirmaron que no hallaron registros ni antecedentes que acrediten situaciones de violencia sufridas por Morales.
La jueza, por su parte, aseguró que el caso es analizado con perspectiva de género y consideró “seria” la hipótesis defensiva sobre un posible contexto de violencia crónica. No obstante, remarcó que esa situación deberá demostrarse durante el proceso judicial y que, por el momento, no elimina los riesgos procesales existentes.
Además, recordó que el delito imputado es homicidio agravado por el vínculo, una figura que contempla la pena de prisión perpetua.
