El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, dialogó con Radio del Sur 97.1 y respaldó el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que busca prohibir el uso de teléfonos celulares en unidades de detención, y aseguró que la iniciativa apunta a frenar delitos que actualmente se cometen desde las cárceles.
El funcionario explicó que la propuesta «vuelve las cosas al lugar preexistente antes de la pandemia», cuando los reclusos no tenían permitido el uso de dispositivos móviles. Según detalló, el uso indiscriminado de celulares derivó en una situación preocupante:
«Hay institutos que se han transformado en un verdadero call center del delito».
Menna sostuvo que, a través de estos dispositivos, personas privadas de su libertad llevan adelante estafas, extorsiones y otros delitos, incluso contra adultos mayores. «Se da una multiplicidad de hechos delictivos perpetrados paradójicamente por reclusos que están detenidos», remarcó.
El proyecto, enviado por el gobernador a la Legislatura, establece la prohibición de tenencia de celulares para detenidos bajo jurisdicción provincial, independientemente de si se encuentran en comisarías, alcaidías o incluso cárceles federales.
No obstante, el vicegobernador aclaró que la iniciativa no elimina el derecho a la comunicación. «Se garantiza, pero de manera controlada, como establece la ley de ejecución penal», explicó. En ese sentido, indicó que los internos podrán comunicarse mediante dispositivos provistos por las autoridades, lo que permitirá supervisar los contactos y evitar abusos.
«No va a haber conectividad indiscriminada a internet, que es lo que da lugar a estas situaciones», agregó.
Menna también hizo referencia al impacto social de estos delitos, al señalar que existen casos de extorsiones que derivaron en consecuencias graves. «Hay situaciones que han terminado en tragedias, incluso con personas que se quitaron la vida», advirtió.
Ante cuestionamientos sobre una posible restricción de derechos, el funcionario defendió la constitucionalidad de la medida: «Ningún derecho es absoluto. Se trata de una restricción razonable en un contexto donde hay un interés social comprometido».
Y añadió: «No estamos hablando de un ámbito recreativo, sino de lugares donde hay personas detenidas por la comisión de delitos».
El tratamiento legislativo del proyecto comenzará la próxima semana en comisión, con la participación de especialistas, jueces, fiscales y defensores. Además, la Legislatura habilitó un canal para que la ciudadanía pueda opinar sobre la iniciativa.
Finalmente, Menna se mostró confiado en la solidez de la propuesta: «Como está diseñado el proyecto, tiene que superar los controles de constitucionalidad», concluyó.
