El fiscal Facundo Oribones brindó detalles a Radio del Sur 97.1 sobre la investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años cuyo caso conmociona a Comodoro Rivadavia, y explicó los fundamentos de la imputación contra los acusados.
El funcionario —recientemente asumido en el cargo— reconoció la complejidad del caso: «Soy un fiscal muy nuevo, le diría un debut bastante complejo».
Oribones indicó que, según la hipótesis actual, los golpes que provocaron la muerte del niño habrían sido propinados por la pareja de la madre, Michael González, mientras que a la progenitora, Mariela Altamirano, se le atribuye una conducta omisiva.
«En este caso, nosotros decimos que el autor de los golpes sobre Ángel fue el señor González. Y la conducta que le imputamos a la progenitora es no haber realizado ninguna acción de salvamento», explicó.
El fiscal remarcó que la calificación legal es provisoria y podría modificarse a medida que avance la investigación: «Estas calificaciones son provisorias y a medida que avance la investigación las podemos ir mutando».
Respecto a las pruebas, señaló que el caso se construye principalmente con indicios, debido a la dificultad de contar con evidencia directa en este tipo de hechos.
«En estos crímenes intrafamiliares es muy escasa la prueba directa. Tenemos que armar el caso en base a prueba indirecta», sostuvo.
Entre los elementos clave mencionó testimonios de vecinos y antecedentes de conductas violentas atribuidas a González. «Se recabó muchísima información de vecinos que observaron la relación violenta que tenía González con el niño», indicó, y agregó que también hubo declaraciones de exparejas que describieron situaciones similares con otros menores.
En cuanto a la autopsia, confirmó los datos preliminares conocidos: «El niño presentaba golpes en la cabeza, un edema cerebral y una hemorragia». Además, anticipó que los estudios complementarios permitirán determinar si las lesiones fueron producto de un único episodio o de agresiones reiteradas en el tiempo.
La investigación tiene un plazo inicial que se extiende hasta mediados de octubre, período en el que la fiscalía continuará reuniendo pruebas y evaluando posibles responsabilidades.
