El tribunal revisor de Comodoro Rivadavia ordenó la intervención del máximo cuerpo médico del país para destrabar los dictámenes contradictorios entre los forenses oficiales y los de la defensa. La decisión divide aguas entre las partes.
La investigación por el fallecimiento de Ángel López, el niño de 4 años cuyo caso conmocionó a la comunidad de Comodoro Rivadavia, dio un giro procesal decisivo. En una reciente resolución, el tribunal revisor —integrado por los jueces penales Raquel Tassello y Martín Cosmaro— revocó el fallo de primera instancia del juez Alejandro Soñís y dio luz verde al pedido de la defensa para que intervenga el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con esta medida, la resolución del caso queda sujeta a la mirada de los peritos del máximo tribunal del país, quienes deberán dirimir las profundas contradicciones existentes entre los tres informes emitidos por el Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut y el dictamen presentado a principios de junio por el médico legista Federico Segura, perito de la parte acusada. Para poner en marcha el proceso, ya se notificó al Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enviando copias certificadas de la historia clínica, el estudio histopatológico y los informes periciales previos.
Los dos interrogantes científicos que destrabarán el caso
Según la información provista por el Ministerio Público Fiscal, el tribunal revisor delimitó la intervención de los especialistas de la Corte a dos puntos neurálgicos, los cuales tienen el potencial de cambiar drásticamente el curso de la imputación:
-
Gravedad de las lesiones: Determinar fehacientemente si las lesiones descubiertas en la parte interna del cuero cabelludo del menor tuvieron la entidad y el impacto suficiente para desencadenar su muerte.
-
La ventana temporal de las 12 horas: Evaluar si el límite de tiempo menor a 12 horas que fijó el estudio histopatológico para dichas lesiones es correcto.
Este último punto es el más sensible de la controversia. Los propios magistrados señalaron que, si los forenses de la Nación ratifican que las infiltraciones de sangre ocurrieron estrictamente dentro de las 12 horas previas al deceso, la hipótesis delictiva de la fiscalía sobre cómo y cuándo ocurrieron los hechos podría verse fuertemente modificada.
Cruce de acusaciones: ¿Búsqueda de la verdad o estrategia dilatoria?
La decisión judicial abrió una grieta profunda entre los abogados de las partes, quienes exponen visiones totalmente opuestas sobre el impacto de esta medida en los tiempos de la justicia.
Por el lado de la defensa de los imputados Mariela Altamirano y Michel González —ambos actualmente en prisión preventiva—, el abogado Alejandro Varas aseguró que la medida busca aportar transparencia.
«La defensa tiene derecho a cuestionar las conclusiones periciales cuando considera que existen aspectos que deben ser aclarados. Lo que buscamos es que intervengan especialistas independientes y que puedan analizar toda la documentación disponible», afirmó Varas en declaraciones a ADNSUR, descartando cualquier intención de estirar los plazos.
En la vereda de enfrente, Roberto Castillo, abogado querellante que representa al padre de la víctima, lanzó duras críticas y vinculó la resolución con presiones externas.
«Desde mi punto de vista, esto es la injerencia directa de la política. No creo que el objetivo sea obtener un nuevo informe, sino retrasar el juicio para que llegue en otro momento político de la ciudad y de la provincia», disparó el letrado.
Castillo argumentó además que los peritos oficiales ya habían ampliado sus informes para dar garantías a la defensa y cuestionó la idoneidad del perito de parte, argumentando que no es especialista en pediatría y que su informe carece de fundamentos científicos sólidos. Asimismo, sembró dudas sobre si el máximo tribunal aceptará el caso, recordando que estas intervenciones son de carácter absolutamente excepcional.
Mientras los plazos procesales avanzan, la expectativa general se traslada ahora a Buenos Aires. La respuesta del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema será la pieza que defina si la causa se eleva a juicio oral de forma inmediata o si la reconstrucción de las últimas horas de Ángel López debe volver a escribirse desde cero.
