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La industria textil atraviesa una profunda crisis: más de 22.000 empleos perdidos y fábricas operando al mínimo

La cadena textil e indumentaria argentina enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años, marcado por una fuerte caída de la producción, el desplome del consumo interno, el cierre de empresas y una pérdida sostenida de puestos de trabajo.

De acuerdo con el último informe elaborado por la Fundación Pro Tejer, el sector atraviesa una situación crítica producto de la combinación de una demanda debilitada, la creciente competencia de productos importados y los elevados costos que enfrenta la actividad.

Los datos reflejan una fuerte contracción industrial. En marzo, la producción textil cayó un 23,3% respecto del mismo mes del año anterior y acumula un retroceso del 31,3% en comparación con los niveles registrados en 2023. A su vez, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado mostró una disminución interanual del 8,9% y una baja del 22% frente a dos años atrás.

La retracción de la actividad también impactó de lleno en la utilización de la capacidad productiva. Durante marzo, las plantas textiles operaron apenas al 40,2% de su potencial, mientras que en el primer trimestre del año cerca del 70% de las máquinas permanecieron sin actividad.

Empleo y empresas, entre los sectores más golpeados

El deterioro de la actividad se traduce además en una fuerte pérdida de empleo. Según el relevamiento, la industria textil, de confecciones, cuero y calzado encabeza la caída del trabajo registrado en el sector privado, con una reducción del 18% desde diciembre de 2023.

En términos absolutos, esto representa la desaparición de 22.156 puestos laborales en poco más de dos años, una caída que incluso supera a la registrada en la construcción, uno de los rubros más afectados por la recesión económica.

El informe también advierte sobre una importante reducción del entramado productivo. Desde fines de 2023 dejaron de operar 803 establecimientos registrados, equivalente al 13% de las empresas vinculadas a la actividad. Los segmentos de indumentaria y de cuero y calzado aparecen entre los más perjudicados.

Más importaciones de ropa terminada y menos producción local

Mientras la actividad industrial se contrae, el comercio exterior muestra una dinámica opuesta. Las importaciones de insumos textiles, como hilados y tejidos, disminuyen debido a la menor producción nacional, pero crece con fuerza el ingreso de productos terminados.

Durante el primer cuatrimestre del año, las compras externas de indumentaria aumentaron un 79% en volumen, mientras que las confecciones importadas crecieron un 55%.

Desde Pro Tejer atribuyen este fenómeno a la apreciación cambiaria y a la flexibilización de las restricciones comerciales, factores que habrían convertido al país en un destino atractivo para excedentes de producción provenientes del exterior.

Inversión en retroceso y ventas sin recuperación

El panorama también genera preocupación en materia de inversión. La importación de bienes de capital destinados a la industria cayó un 43% interanual durante los primeros cuatro meses del año y se ubica un 65% por debajo de los niveles de 2023.

En paralelo, el sector continúa registrando aumentos de precios muy por debajo de la inflación general. Mientras el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba interanual del 32,4% en abril, el rubro prendas de vestir y calzado aumentó apenas un 12,7%.

Desde la industria sostienen que la debilidad del consumo impide trasladar los mayores costos a los precios finales. Según una encuesta de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), nueve de cada diez empresas no logran recuperar mediante aumentos de precios ni siquiera la mitad de los incrementos salariales.

Las ventas tampoco muestran señales de recuperación. Entre marzo y abril registraron una caída interanual del 7% y acumulan dos años de resultados negativos, reflejando la persistente retracción de la demanda.

Frente a este escenario, las entidades empresarias advirtieron que la continuidad de esta tendencia podría provocar daños estructurales difíciles de revertir. En ese sentido, reclamaron medidas orientadas a mejorar la competitividad, reducir la carga fiscal y facilitar el acceso al financiamiento para evitar una mayor pérdida de capacidad productiva y empleo calificado.

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