La Cámara de Diputados se prepara para debatir el proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad a los 14 años. El oficialismo adelantó que convocará a una sesión especial para el jueves de la semana próxima, en el marco de las sesiones extraordinarias de febrero, donde se discutirá el nuevo Régimen Penal Juvenil.
La iniciativa forma parte de la agenda legislativa que impulsa La Libertad Avanza junto al Gobierno nacional, que en paralelo busca avanzar con la reforma laboral. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo ya habría alcanzado entendimientos con sectores de la oposición en torno a la baja de la imputabilidad, lo que permitiría avanzar con el tratamiento en el recinto.
Previamente, el miércoles se realizará un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto, instancia en la que se firmará el dictamen correspondiente. Si bien el texto consensuado el año pasado perdió estado parlamentario, desde el Congreso aseguran que se respetarán los acuerdos alcanzados y que el trámite legislativo se reiniciará sin mayores cambios de fondo.
Durante las negociaciones, el Gobierno aceptó modificar su propuesta original —que fijaba la edad mínima en 13 años— y acordó con bloques como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal establecer el umbral en 14 años. Otro punto central para lograr consensos fue la reducción de la pena máxima de prisión de 20 a 15 años, prevista únicamente para delitos de extrema gravedad, como homicidio, abuso sexual o secuestro.
Además, el proyecto incorporará un artículo de carácter presupuestario, a pedido de las provincias. Según se informó tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, la Nación habilitará convenios para cubrir los costos que demande la implementación del nuevo régimen penal.
Desde los bloques aliados estiman que el oficialismo cuenta con una base de apoyos más sólida que la del año pasado, lo que permitiría obtener la media sanción en Diputados.
Los principales puntos del Régimen Penal Juvenil
La iniciativa establece los 14 años como edad mínima de punibilidad y prioriza la aplicación de sanciones alternativas a la prisión, que quedará reservada como último recurso. Entre las medidas previstas se incluyen trabajos comunitarios, reparación del daño, prohibiciones de acercamiento, monitoreo electrónico y restricciones de circulación.
El proyecto también contempla la creación de instituciones especializadas para adolescentes, con acceso garantizado a educación, atención de la salud y tratamientos por consumos problemáticos, y prohíbe expresamente la convivencia con personas adultas privadas de la libertad. Asimismo, exige que el personal esté capacitado en temáticas de infancia y adolescencia.
Se suman, además, programas educativos, laborales, culturales y deportivos, con seguimiento a cargo de un supervisor especializado designado por la Justicia.
La postura de la Iglesia
En paralelo al debate legislativo, la Iglesia Católica reiteró su rechazo a una respuesta centrada exclusivamente en el endurecimiento penal. A través de un documento, el Episcopado planteó que reducir la discusión a la edad de imputabilidad implica simplificar una problemática compleja y relegar políticas de prevención, educación y acompañamiento social.
Si bien expresó su cercanía con las víctimas de delitos cometidos por menores y reconoció el dolor de las familias afectadas, la Iglesia advirtió que una mirada exclusivamente punitiva puede resultar tardía y desatender las responsabilidades compartidas del Estado, la familia, la escuela y la comunidad.
Desde la Comisión Ejecutiva subrayaron la necesidad de un abordaje integral y del trabajo articulado entre los distintos actores sociales, reafirmando una visión de la infancia y la juventud como un espacio donde aún es posible construir futuro.
