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Justicia por «Chocolate»: Imputan a una mujer por la brutal crueldad contra un labrador en Km. 5

Bajo la presidencia del juez penal Martín Cosmaro, se dio apertura a la investigación preparatoria contra María Gabriela Paredes, acusada de infracción a la Ley de Maltrato y Crueldad Animal por el estado de abandono extremo en el que mantenía a su perro, un labrador bautizado como «Chocolate».

El caso se remonta al pasado 16 de noviembre de 2025, cuando un operativo conjunto entre la Seccional Mosconi y veterinarios municipales de Comodoro Rivadavia irrumpió en un domicilio de la calle La Patria al 100, en el barrio Km. 5. Lo que hallaron los profesionales fue una escena de desidia absoluta: el animal se encontraba encadenado, con severas dificultades para moverse y presentaba escoriaciones e infecciones en todo su cuerpo, además de una masiva presencia de parásitos. Según el relato de la fiscalía, la vida de «Chocolate» corría peligro inminente debido a que la imputada omitió sistemáticamente brindarle alimento y los cuidados médicos básicos.

Durante la audiencia, la abogada de fiscalía Ailin Correa Vega, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y Maltrato Animal (UFE-AyDA), solicitó la formalización del hecho bajo la calificación de maltrato y crueldad animal en calidad de autora para Paredes. La investigación, que queda bajo la dirección de la fiscal Verona Dagotto, cuenta con un legajo de pruebas que incluyen los informes veterinarios del rescate. Un dato esperanzador surgió hacia el cierre de la presentación: «Chocolate» se encuentra actualmente bajo el resguardo de una familia sustituta, evolucionando favorablemente y dejando atrás las secuelas del encierro.

Por su parte, el defensor público Gustavo Oyarzun no presentó objeciones a la apertura de la investigación, aunque adelantó la estrategia de la defensa para las próximas etapas. El defensor anticipó que solicitará una nueva audiencia con el objetivo de proponer una salida alternativa al conflicto penal, la cual incluiría una reparación económica por parte de la imputada para evitar llegar a un juicio oral.

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