El Juzgado Federal de Caleta Olivia tomó intervención en el caso luego de recibir una denuncia por «acciones y accionar sospechoso» de una de las empleadas. La investigación, a cargo del fiscal Lucas Colla, determinó que la acusada había realizado múltiples extracciones en las cajas de ahorro de siete clientes, causando un perjuicio económico total de $948.600.
Las pruebas clave para el procesamiento fueron los videos de seguridad aportados por el banco, en los que se observaba a la mujer realizando los retiros de dinero y guardándolo en su billetera o cuaderno. El juez federal Claudio Vázquez sostuvo que las maniobras se realizaron con el objetivo de obtener un beneficio económico personal, aprovechándose de su posición y la confianza de sus compañeros para acceder a las autorizaciones necesarias del sistema bancario.
La acusada fue procesada por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, y se le fijó un embargo de $5 millones
El rechazo al acuerdo de conciliación y la intervención de la Cámara Federal
Un punto crucial en el proceso judicial fue el intento de la defensa de la imputada de llegar a un acuerdo de conciliación con el banco, ofreciendo una reparación económica de $3 millones a cambio de no avanzar en la causa. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se opuso al acuerdo, argumentando que el delito fue cometido por una funcionaria pública, lo que lo hacía de gravedad institucional.
Aunque en un principio el juzgado homologó el acuerdo, el MPF apeló la decisión ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez le dieron la razón al fiscal, revocando el acuerdo y permitiendo que la causa siguiera su curso. Esta decisión sentó un precedente importante sobre cómo se deben abordar los delitos cometidos por funcionarios en entidades públicas.
El caso destaca la importancia de los controles internos en las instituciones bancarias y la perseverancia de la Justicia para asegurar que se investiguen y sancionen los delitos de cuello blanco, incluso cuando se intenten solucionar por la vía extrajudicial.
