Un crimen de una ferocidad inusitada ha conmocionado a la capital de Santa Cruz tras el hallazgo del cadáver de Aníbal Eduardo Cepeda, un jubilado petrolero de 72 años que permanecía desaparecido desde el pasado 20 de abril. El desenlace de la búsqueda resultó estremecedor: los restos de la víctima, a quien le faltaban la cabeza y las manos, fueron encontrados dentro de un tanque de agua y en las inmediaciones de un complejo habitacional abandonado. El escenario del hallazgo añade un componente simbólico al caso, ya que se trata de una propiedad que la Justicia Federal había decomisado a Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Néstor Kirchner.
La investigación, liderada por el juez Gerardo Giménez y el fiscal Federico Heinz, cobró impulso cuando los pesquisas reconstruyeron los últimos movimientos de Cepeda. El jubilado, que frecuentaba habitualmente el casino céntrico de la ciudad, acababa de percibir una millonaria indemnización por sus años de servicio en la industria petrolera. Varios testimonios coincidieron en que la última vez que se lo vio con vida estaba en compañía de Félix Marcelo Curtti, de 61 años, quien se convirtió de inmediato en el principal sospechoso del brutal asesinato.
Los detalles que surgieron de las pericias forenses, encabezadas por el médico Francisco Echandí, describen una escena de película de terror. Según fuentes vinculadas al caso, existen indicios de que el cuerpo de Cepeda habría sido descuartizado en una parrilla perteneciente al mismo complejo de departamentos. El macabro plan de ocultamiento incluyó el desmembramiento y la distribución de los restos en bolsas de consorcio para dificultar su identificación. Tras el hallazgo, Curtti se entregó espontáneamente a las autoridades y, aunque se negó a declarar formalmente en la indagatoria, habría admitido extraoficialmente su autoría ante los efectivos, indicando incluso dónde se encontraban las partes faltantes del cadáver.
La hipótesis central que maneja la justicia santacruceña apunta a un móvil económico, vinculado directamente al dinero que la víctima había cobrado recientemente. Los investigadores buscan determinar ahora si Curtti actuó en soledad, tal como habría manifestado, o si contó con la complicidad de otras personas para ejecutar un crimen de tal magnitud. Mientras la comunidad de Río Gallegos intenta procesar el impacto de tanta violencia, la policía continúa realizando rastrillajes y pericias técnicas para cerrar el círculo probatorio sobre un hecho que ya se perfila como uno de los más oscuros de la historia criminal de la provincia.
