Los propietarios de un lote costero deberán pagar casi 67 millones de pesos tras un brutal desmonte clandestino con topadoras y motosierras. La Justicia determinó que el daño al ecosistema es «permanente» y les impuso un estricto plan de remediación obligatoria.
La impunidad ambiental sufrió un freno histórico en la Patagonia argentina. El avance ilegal de maquinaria pesada sobre una de las zonas más exclusivas y frágiles de la cordillera neuquina derivó en una de las sanciones económicas más duras de las que se tenga registro en la región. La Justicia comprobó la destrucción total de flora nativa protegida y obras clandestinas en un terreno ubicado frente al espejo de agua del lago Correntoso.
Tras una exhaustiva investigación, el Juzgado de Faltas de Villa La Angostura ratificó la firmeza de la penalidad. Los informes técnicos que constan en el expediente judicial resultaron lapidarios: los especialistas calificaron el desmonte como un «daño ambiental puntual permanente», dada la magnitud del impacto y las severas alteraciones provocadas al delicado equilibrio del bosque andino.
El escenario del desastre: 1.300 metros cuadrados devastados
El alerta en el municipio local se encendió cuando un grupo de inspectores descubrió un descomunal despliegue de maquinaria operando en la clandestinidad más absoluta, sin avales oficiales ni documentación presentada. Al ingresar a la propiedad, los agentes verificaron movimientos de suelo masivos y la apertura de un camino interno que afectó una superficie superior a los 1.300 metros cuadrados.
El saldo de esta incursión furtiva fue devastador para el patrimonio natural:
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Quince arrayanes adultos y cuatro coihues jóvenes fueron arrancados de raíz y extraídos de forma ilegal.
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Decenas de árboles nativos de los alrededores quedaron con sus raíces totalmente expuestas debido a las profundas excavaciones.
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Los peritos advirtieron que la flora sobreviviente enfrenta ahora un altísimo riesgo de muerte por la desestabilización del suelo.
Un castigo de $66.950.000 y la obligación de reparar
Frente a la gravedad del ecocidio, el Tribunal Municipal de Faltas aplicó todo el rigor de la normativa ambiental vigente y declaró a los propietarios del predio como responsables solidarios. Por la sumatoria de infracciones —que incluyeron daño ambiental, tala de especies estrictamente protegidas, irregularidades urbanísticas y el agravante de desobediencia a las intimaciones previas de paralización— se les fijó una multa exacta de 66.950.000 pesos.
Sin embargo, el fallo judicial dejó en claro que el dinero no alcanza para cerrar el caso. Las autoridades locales fueron categóricas al sostener que los infractores deberán cumplir obligatoriamente con todas las tareas de remediación y recomposición que determine la Dirección de Ambiente del municipio.
Como parte innegociable de la sentencia, los responsables del lote tendrán que adquirir, plantar y mantener con vida veinte nuevos ejemplares de especies autóctonas bajo la estricta y constante supervisión de los equipos técnicos municipales.
Para garantizar que el terreno recupere parte de su vitalidad original, la Justicia ordenó un monitoreo permanente sobre el predio y dispuso el derecho de ingreso irrestricto de los inspectores en cualquier momento. Si los propietarios bloquean los controles o fallan en el plan de reforestación, podrían enfrentar nuevas y más severas consecuencias judiciales.
Con información de ADN sur
