Acorralado por la falta de votos y ante el riesgo inminente de un nuevo tropiezo parlamentario, el oficialismo debió frenar su pretensión original de desregular por completo la venta de campos a extranjeros. En un intento por salvar el proyecto, modificó el texto elevado al Senado y fijó en un 25% el tope de propiedad extranjera por provincia, dejando atrás la idea de eliminar todos los límites. Pese a las tensiones, Patricia Bullrich ratificó que habrá sesión este jueves y defendió el ajuste bajo la premisa de que la ley actual frena las inversiones.
Sin embargo, el retoque parlamentario no invalida el núcleo duro de la reforma redactada por Federico Sturzenegger. El texto conserva los aspectos más controvertidos: deroga el límite de 1.000 hectáreas en las zonas más fértiles del país, habilita la compra de tierras linderas a espejos y cursos de agua, y flexibiliza las restricciones para que una misma nacionalidad acapare superficie. Bullrich buscó restar gravedad a los cuestionamientos sobre los recursos naturales al afirmar que «el acceso al agua está garantizado en todas las leyes argentinas y depende de las justicias provinciales», e intentó desviar la atención hacia la gestión anterior al agregar que «la única vez que se entregó soberanía fue al gobierno chino con la instalación de una base espacial».
El movimiento expone las fragilidades de la bancada oficialista en la Cámara Alta. Con apenas 21 senadores propios, La Libertad Avanza precisa pescar 16 votos aliados para lograr el quórum y la aprobación. Con el bloque de Unión por la Patria (25 bancas) abroquelado en el rechazo y al menos tres senadores radicales desmarcados de la iniciativa, el repliegue estratégico del Gobierno revela hasta qué punto depende del cálculo político para evitar que se le hunda una ley clave.
