La publicación del decreto 408/2025 en el Boletín Oficial marcó este miércoles el final de la Ley Ovina, una política pública que durante más de dos décadas ofreció respaldo financiero al sector ovino, especialmente en la Patagonia. Productores de distintas provincias expresaron su rechazo y preocupación, advirtiendo sobre el impacto que esta decisión podría tener en una actividad clave para muchas economías regionales.
«Es una pésima noticia», lamentó César Guatti, delegado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en Santa Cruz. «Perdemos una herramienta que nos llevó años conseguir y que, aunque venía desfinanciada, seguía siendo útil para sostener muchas explotaciones».
La Ley Ovina —sancionada en 2001 y promulgada en 2003— preveía un fondo anual equivalente a 20 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer la actividad ganadera ovina y mejorar su infraestructura, genética y formalidad. En la práctica, la última distribución efectiva de fondos se realizó en 2023 y representó apenas el 10% de los montos originales. A valores actuales, cada productor patagónico recibió en promedio $33.000 o el equivalente a $45 por animal.
Disolución por decreto
El decreto presidencial disuelve tanto el Régimen para la Promoción y Desarrollo de la Ganadería Ovina y de Llamas como la Comisión Asesora Técnica encargada de su implementación. En los fundamentos, el Gobierno argumenta que estos esquemas de ayuda pública responden a una lógica de intervención estatal que resulta incompatible con las prioridades actuales de gestión, orientadas —según sostiene— a reducir estructuras ineficientes y a redirigir los recursos hacia herramientas más «racionales y eficaces».
Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se emitió un comunicado en línea con esta postura. Allí se indica que las condiciones que justificaron la creación de la ley han cambiado y que ahora se apunta a fomentar el desarrollo del sector a través del financiamiento privado y no mediante subsidios estatales. Incluso se cuestiona la eficacia del régimen, señalando que, entre 2001 y 2025, el stock ovino nacional se redujo en más de un millón de cabezas.
Una visión sesgada
Sin embargo, productores y dirigentes rurales cuestionan este análisis por no contemplar los múltiples factores que afectaron al sector durante esos años, incluyendo crisis macroeconómicas, sequías prolongadas y aislamiento geográfico. «Las condiciones climáticas extremas y la falta de infraestructura básica han sido un freno más relevante que la ley misma», sostuvo Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS).
Desde distintas entidades rurales —como las federaciones de Chubut, Río Negro y Santa Cruz— se recordó que ya en 2024 habían alertado sobre las consecuencias de desmantelar esta herramienta. Si bien reconocen la necesidad de modernizar los mecanismos de apoyo, consideran que eliminar sin reemplazo una política tan estratégica es un error. «Estamos dispuestos a debatir nuevas formas de financiamiento, pero no aceptamos que se elimine el fondo con argumentos que no reflejan la realidad productiva», advirtieron.
Más allá del volumen de fondos, lo que los productores valoraban de la Ley Ovina era su enfoque territorial y social. Guatti recordó que en Santa Cruz se usaban los recursos, cada vez más escasos, para mejorar la calidad de vida rural mediante energía solar, conectividad o pequeños proyectos de infraestructura. «Era una forma de fomentar el arraigo, de hacer que la gente quiera quedarse en el campo», explicó.
