El Gobierno nacional oficializó un nuevo recorte presupuestario en el área educativa que supera los $78.000 millones y afecta programas de alfabetización, infraestructura escolar, becas estudiantiles y obras en universidades nacionales de todo el país.
La medida fue establecida mediante la Decisión Administrativa 20/2026, donde el Poder Ejecutivo redefinió partidas de la administración nacional y avanzó con una fuerte reducción en los fondos destinados a la Secretaría de Educación.
Uno de los programas más golpeados fue el Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una poda de $35.288 millones, principalmente en las transferencias que se enviaban a las provincias para implementar políticas educativas.
Además, el Ejecutivo eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, mecanismo utilizado para asistir a las provincias en el pago de salarios mínimos del sector, con un recorte cercano a los $8.930 millones.
La reducción también alcanzó a las partidas destinadas a infraestructura escolar y equipamiento, donde se eliminaron más de $21.686 millones. A esto se suma un ajuste de $6.649 millones en el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, que incluyó una baja superior a los $559 millones en becas estudiantiles.
Por otra parte, la empresa estatal EDUC.AR dejó de recibir transferencias por un total consolidado de $48.000 millones, de acuerdo con la documentación oficial.
Las universidades nacionales también quedaron alcanzadas por el ajuste. El Gobierno suspendió transferencias de capital para infraestructura universitaria por más de $5.303 millones, afectando obras en trece instituciones académicas.
Entre las casas de estudio con mayores recortes aparecen la Universidad Nacional de La Plata, que perdió más de $1.043 millones; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con una reducción de $700 millones.
También figuran la Universidad Nacional de Río Cuarto, con un recorte superior a $680 millones, y la Universidad Nacional de Entre Ríos, que dejó de percibir más de $540 millones para obras de infraestructura.
La decisión quedó formalizada junto con las modificaciones presupuestarias generales impulsadas por el Ejecutivo nacional.
