El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que paraliza por 30 días la Resolución 460/2025 del Senasa. Dicha normativa permitía el ingreso de carne con hueso desde el norte del país a la Patagonia, una región que ha mantenido por años su estatus de libre de aftosa sin vacunación. Esta decisión judicial es una victoria para las asociaciones ganaderas de la región, que venían advirtiendo sobre el grave riesgo sanitario y comercial que implicaba la desregulación.
La acción judicial fue presentada por la Asociación Rural de Tierra del Fuego, liderada por su presidenta, Lucila Apollinaire. En el amparo, la organización argumentó que la resolución ponía en peligro un estatus sanitario que costó años de inversión pública y privada. Esta preocupación no era infundada: apenas se conoció la medida, Chile interrumpió inmediatamente las importaciones de carne y productos de origen animal desde la Patagonia, exigiendo una auditoría técnica en el territorio antes de reanudar el comercio.
Además de la reacción chilena, la decisión del Senasa encendió las alarmas en otros mercados internacionales. La Comisión Europea envió una carta a la entidad sanitaria argentina, advirtiendo que también analizarán una posible auditoría. La visita técnica de inspectores chilenos está programada para el próximo lunes, lo que subraya la seriedad de la situación.
El jefe de la División de Protección Pecuaria del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile, Carlos Orellana, había advertido a principios de agosto en declaraciones al medio Página|12 que levantar la barrera sanitaria «iba a provocar un cambio en la condición sanitaria» de la región. En un fallo que resuena en toda la cadena de producción, la jueza Borruto le dio la razón a las voces que alertaban sobre las consecuencias de esta polémica desregulación.
