Las familias de los trabajadores del transporte público decidieron romper el silencio. Frente a la crisis que atraviesa la transición hacia la nueva prestataria, denuncian pagos discriminatorios, abandono por parte del gremio UTA y pésimas condiciones laborales. El testimonio crudo de quienes viven el día a día sin cobrar sus sueldos.
Trabajar bajo amenaza y sin servicios básicos
La desesperación se apoderó de los hogares de los colectiveros que sostuvieron el servicio de transporte hasta el último día de la concesión anterior. El miedo a las represalias por parte de la nueva gestión es constante, pero la necesidad extrema empujó a las familias a exponer su realidad. «Estoy enojadísima. Tengo un hijo con discapacidad que no se puede quedar sin su obra social y sin sus terapias», confesó la esposa de uno de los empleados de la gestión de Rossi, exigiendo resguardar su identidad.
La mujer reveló que la transición hacia la nueva empresa trajo consigo un clima de severa persecución laboral. Según su testimonio, a los trabajadores se les exige cumplir horarios a la perfección a pesar de la extrema precariedad. «Están trabajando gratis, sin sueldo, bajo presión, bajo amenazas. No tienen algo tan básico, no tienen baños, no tienen un lugar donde ir a tomarse un vaso de agua», sentenció. Además, confirmó que los castigos ya comenzaron a aplicarse sobre quienes visibilizan el conflicto: «Hay una de las personas que estuvo saliendo a hablar y está suspendida y no lo dicen. Con la situación en la que estamos hoy en día, no es fácil quedarte sin trabajo».
Pagos a dedo y el silencio sindical
El reciente anuncio sobre una inyección de fondos generó una profunda indignación entre los trabajadores movilizados. La entrevistada cuestionó duramente el destino de ese dinero, asegurando que se trató de una maniobra para quebrar el reclamo colectivo. Sobre los 380 millones de pesos anunciados para 106 familias, la vecina fue contundente: «Lo que no dicen es que esas 106 familias son choferes seleccionados, choferes que están afiliados a la UTA, choferes que no fueron a ninguna marcha y que tienen otra entrada laboral».
El malestar también apunta directamente contra la cúpula sindical. Mientras las bases exigen respuestas por las retenciones salariales que sufren todos los meses, los dirigentes no dan la cara ante el conflicto. «El señor Cocio hace una semana está desaparecido. Te cuento dónde está: está en Buenos Aires, en la sede central de la UTA, arreglando el empadronamiento y haciendo sus chanchullos», disparó la familiar, agregando que en la sede local del gremio solo quedan administrativos sin capacidad de dar respuestas a los trabajadores.
El reclamo al municipio y el estigma social
La encrucijada legal mantiene a las familias de los ex choferes como rehenes. La empresa saliente afirma que la deuda corresponde a la Municipalidad, mientras que iniciar acciones legales individuales tiene un costo inalcanzable. «Hoy en día, entre una consulta y una carta documento te sale entre 350 y 500 mil pesos. No hay para alimentar la boca de los chicos y menos va a haber para mandar una carta documento de un abogado particular, es un chiste», expresó con evidente impotencia.
Ante esta situación, el pedido de los trabajadores se dirige directamente al Ejecutivo local: «Nosotros al municipio no le estamos pidiendo que nos dé plata, le estamos pidiendo que intime a Rossi con el poder que ellos tienen como municipio».
Finalmente, la mujer lamentó la falta de empatía de un sector de la comunidad comodorense que los criminaliza por las demoras o las protestas, recordando que se trata de personal calificado. «Según algunos, los choferes son unos mafiosos, unos quilomberos, unos negros. Cuando para entrar a la empresa se piden los antecedentes penales. No son ningunos chorros, no son ningunos delincuentes, son trabajadores que están amando lo suyo», concluyó.
