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Fiscal pide condena por «fraude a la Administración Pública» en juicio por Emergencia Climática I en Comodoro

En el marco del juicio por la causa «Emergencia Climática I» que se desarrolla en los tribunales penales del barrio Roca en Comodoro Rivadavia, el fiscal Cristian Olazabal solicitó este miércoles que se declare la responsabilidad penal de todos los imputados por el delito de «fraude a la Administración Pública».

El juicio, que ya está en su sexta semana, continuará este jueves con los alegatos finales de las defensas. Olazabal consideró que durante el debate se acreditaron tanto la materialidad como la autoría de los hechos por parte de los imputados.

El fiscal pidió al tribunal que se declare penalmente responsables de «fraude a la Administración Pública» a Gonzalo y Cristian Pérez, Roberto Monasterolo, Javier Morales, Julián Astiz y Cristian Hernán Lobos Rozas. Según Olazabal, los empresarios habrían cometido conductas fraudulentas en perjuicio del municipio local, contando con la participación de supervisores que certificaron trabajos inexistentes y horas de trabajo no realizadas.

En su alegato final, Olazabal afirmó que «faltan personas sentadas en calidad de acusados», sugiriendo que altos funcionarios municipales también deberían ser responsabilizados. Indicó que tras la declaración de emergencia climática, se facultó al intendente a realizar contrataciones directas, pero el Consejo Deliberante habría incorporado requisitos adicionales mediante una ordenanza que fueron vetados por el Ejecutivo.

El fiscal destacó que el Estado Nacional, que había adelantado 62 millones de pesos del Tesoro, advirtió inconsistencias en las facturas presentadas por Comodoro y habría decidido no adelantar más fondos. Además, el Tribunal de Cuentas Municipal habría detectado irregularidades en los expedientes, como la certificación de trabajos por 24 horas.

La investigación se originó a raíz de la tormenta denominada «ciclón extra-tropical» que azotó Comodoro Rivadavia entre marzo y abril de 2017, causando graves daños en la ciudad. El Consejo Deliberante declaró la emergencia económica, social y administrativa, permitiendo al Ejecutivo contratar directamente a empresas para remover el lodo resultante.

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