La concejal de Despierta Comodoro, Luciana Ferreira, en diálogo con Radio del Sur 97.1, reclamó que se conozcan los resultados de la auditoría realizada sobre la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) y sostuvo que sin esa información no existen elementos suficientes para justificar un nuevo incremento en las tarifas de los servicios públicos.
La edil manifestó que ni el Concejo Deliberante ni el Ente de Control de los Servicios Públicos (EnCoSeP) tuvieron acceso al informe elaborado por el Municipio.
«Nosotros no tuvimos acceso a la auditoría que se hizo. Lo más grave es que tampoco la tuvo el EnCoSeP. Entiendo que ahora el ente la pidió porque la Municipalidad aseguró que estaba todo en orden», indicó.
Ferreira consideró que ese informe resulta indispensable para evaluar cualquier pedido de actualización tarifaria presentado por la Cooperativa.
«La auditoría es necesaria porque en ninguno de los pedidos de aumento la SCPL acredita que realmente necesita incrementar las tarifas por falta de recursos», afirmó.
Según explicó, la entidad suele fundamentar las subas en el incremento de salarios e insumos, pero señaló que eso no demuestra por sí solo que la Cooperativa carezca de capacidad financiera para absorber esos costos.
«Aplican automáticamente los aumentos de costos a la tarifa, pero en ninguna parte acreditan que no tengan recursos para afrontar esos incrementos. Como no tenemos la auditoría, no sabemos qué hacen con los recursos ni cómo se manejan internamente», cuestionó.
La concejal también volvió a pedir que el Concejo Deliberante recupere la facultad de fijar las tarifas de los servicios públicos, competencia que actualmente está en manos del EnCoSeP tras una modificación de la ordenanza vigente.
En ese marco, confirmó que el bloque presentó un proyecto para revertir esa decisión, aunque aseguró que tampoco obtuvo despacho en comisión.
Respecto al reciente pedido de aumento tarifario de la Cooperativa, Ferreira consideró que no están dadas las condiciones para autorizar una nueva suba mientras no exista información clara sobre la situación económica de la prestataria.
Además, anticipó que, si el informe de auditoría continúa sin hacerse público, evaluarán impulsar medidas judiciales para acceder a esa documentación y garantizar la transparencia en el control de los recursos.
