El máximo tribunal del país calificó de «arbitraria» la decisión de un juez comercial en una demanda contra Despegar por viajes cancelados en pandemia. El magistrado había ordenado devolver una suma inferior al costo original de los tickets y omitió por completo el reclamo por trato indigno.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo testigo en defensa de los derechos de los consumidores al dejar sin efecto una sentencia que rozaba el absurdo jurídico. El máximo tribunal intervino en el caso de un usuario que demandó a la empresa Despegar.com.ar SA tras no poder utilizar sus pasajes aéreos debido a las restricciones sanitarias de la pandemia de COVID-19, y a quien la justicia de primera instancia había «castigado» ordenando un reembolso menor al valor real que figuraba en su factura.
El caso tiene como protagonista a Héctor D’orazi, quien ante la imposibilidad de viajar y la falta de respuestas por parte de la conocida plataforma de turismo, inició una demanda por daños y perjuicios, exigiendo además la actualización de los montos abonados frente a la devaluación de la moneda.
El derrotero judicial expuso los baches del sistema. Debido a que el monto total del litigio era bajo, el propio juzgado de primera instancia actuó como el «superior tribunal» de la causa, impidiendo que una Cámara de Apelaciones revisara el expediente. Esto obligó al damnificado a acudir directamente al máximo tribunal del país mediante un recurso extraordinario federal.
Una condena inexplicablemente menor
Al analizar el expediente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti destrozaron el fallo emitido originalmente por el juez en lo comercial Hernán Papa. El magistrado de primera instancia había aceptado parcialmente el reclamo del usuario ordenando la devolución del dinero, pero rechazó los daños y perjuicios, no aplicó multas por daño punitivo y redujo el monto de la devolución de manera injustificada.
Las cifras del absurdo: D’orazi había pagado $82.221 por sus pasajes —cifra corroborada por una pericia contable oficial—. Sin embargo, el juez Papa, sin dar ningún argumento técnico ni legal, fijó la condena de reembolso en apenas $76.218,20.
«Se aprecia injustificado el monto de condena establecido. Sin expresar motivo alguno, la sentencia fijó la condena en una suma menor a la que la actora abonó cuando adquirió los tickets», señalaron los ministros de la Corte en la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Omisiones graves y «trato indigno»
Para la Corte Suprema, el fallo de primera instancia carece de los requisitos mínimos para ser considerado un acto jurisdiccional válido y padece de una «arbitrariedad manifiesta». Los cortesanos argumentaron que el juez de la causa ignoró por completo el pedido de actualización económica del dinero —donde el demandante había pedido declarar inconstitucional la Ley de Convertibilidad (23.928) para poder indexar—, obligándolo a recibir pesos históricos totalmente devaluados.
Asimismo, la Corte remarcó que el magistrado omitió evaluar las pruebas presentadas sobre el «trato desigual e indigno» que el cliente denunció haber sufrido por parte de la empresa de viajes, un eje fundamental dentro de la Ley de Defensa del Consumidor en el marco de una relación de consumo.
Por estos motivos, el máximo tribunal descalificó la resolución y ordenó que el expediente regrese a los tribunales inferiores para que se dicte un nuevo pronunciamiento bajo lineamientos «constitutionales y legalmente sostenibles», obligando a reajustar la indemnización de forma justa.
