La Municipalidad de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado para aclarar la situación vinculada al cobro de haberes de los trabajadores de Patagonia Argentina S.R.L., luego de las consultas y versiones surgidas en los últimos días.
Desde el Municipio remarcaron que la responsabilidad de liquidar y abonar los salarios corresponde exclusivamente a la empresa, en su carácter de empleadora. En ese sentido, aclararon que la Municipalidad no liquida ni deposita directamente los haberes de los trabajadores ni asumió obligaciones laborales propias de la firma.
No obstante, debido al carácter alimentario de los salarios y ante la situación planteada, el Municipio informó que efectivizó de manera excepcional un pago de $1.000 millones a favor de Patagonia Argentina S.R.L., destinado prioritariamente a posibilitar el cumplimiento de sus obligaciones salariales, laborales y previsionales.
Según se indicó, ese desembolso fue realizado a cuenta de la liquidación final del vínculo contractual y no implica el reconocimiento de un saldo definitivo a favor de la empresa.
Retención de hasta $980 millones
En paralelo, el Municipio informó que se autorizó la retención de fondos de titularidad de Patagonia Argentina por hasta $980 millones, con el objetivo de resguardar los salarios de los trabajadores.
Sin embargo, aclararon que esos fondos no pueden ser transferidos o utilizados automáticamente. Para ello es necesario completar los procedimientos administrativos y legales correspondientes y contar previamente con la liquidación final que determine los salarios y obligaciones existentes.
El reclamo de UTA y las gestiones previas
El comunicado también hizo referencia a las gestiones realizadas con la representación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Según explicó la Municipalidad, el 30 de julio se había sugerido al gremio que, ante un eventual incumplimiento de Patagonia Argentina, solicitara ante la Subsecretaría de Trabajo las medidas correspondientes y, particularmente, la transferencia de fondos que pudieran encontrarse retenidos para destinarlos al cumplimiento de las obligaciones laborales.
El Municipio sostuvo que esa alternativa fue planteada como un mecanismo para proteger los salarios de los trabajadores, pero señaló que la representación de UTA recién realizó dicha solicitud el 13 de agosto.
La aclaración fue realizada, según el comunicado, frente a las versiones que cuestionaban una supuesta falta de actuación municipal para resguardar los haberes.
El servicio terminó el 31 de julio
Patagonia Argentina S.R.L. dejó de prestar el servicio de transporte público el 31 de julio de 2026, por lo que actualmente se encuentra en proceso el cierre y la liquidación final de la relación contractual.
Para completar ese procedimiento, la empresa debe presentar documentación técnica, económica, contable, laboral, previsional y administrativa que fue requerida por el Municipio.
Desde la Municipalidad señalaron que la documentación aún no fue presentada en su totalidad, lo que impide concluir la liquidación y establecer cuál sería el saldo definitivo que eventualmente pudiera corresponderle a la empresa.
Entre los elementos que deben analizarse se encuentran la prestación efectivamente realizada hasta el 31 de julio, la estructura de costos, la recaudación tarifaria, subsidios y compensaciones, los pagos efectuados por el Municipio —incluido el desembolso excepcional de $1.000 millones—, las retenciones, multas, penalidades, débitos y demás créditos u obligaciones existentes entre las partes.
Por este motivo, el Municipio sostuvo que cualquier suma que eventualmente corresponda a Patagonia Argentina sólo podrá determinarse una vez completada la documentación y finalizado el proceso de liquidación.
Finalmente, la Municipalidad reafirmó su compromiso con el resguardo de los derechos laborales de los trabajadores del transporte público y aseguró que continuará realizando las actuaciones que estén dentro de sus competencias para proteger los haberes y garantizar el cierre de la relación contractual.
Además, remarcó que la falta de conclusión de la liquidación final no responde a una decisión de demorar o impedir el pago de fondos, sino a la necesidad de completar la documentación y los procedimientos administrativos necesarios para determinar con precisión las obligaciones existentes.
