El Ministerio Público Fiscal del Chubut brindó detalles de una investigación que incluyó más de 20 allanamientos y el secuestro de sumas millonarias. La organización utilizaba el engaño del «rulo financiero» para captar ahorristas.
En una conferencia de prensa de alto impacto, el procurador general Jorge Miquelarena y el fiscal general Fernando Rivarola advirtieron a la población sobre las nuevas modalidades de estafas digitales. El anuncio se dio tras concluir una investigación de cuatro meses iniciada en Puerto Madryn, que permitió desarticular una red criminal con base de operaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La trampa del «rulo financiero»
El fiscal Rivarola detalló que la banda operaba bajo una fachada académica y utilizaba aplicaciones apócrifas que simulaban inversiones en acciones de empresas reales. La maniobra, calificada como «rulo financiero», consistía en otorgar grandes ganancias iniciales para tentar a las víctimas. Una vez que los damnificados depositaban sumas más importantes, como ahorros familiares o herencias, los estafadores desaparecían sin dejar rastro.
Rivarola enfatizó que las cuatro empresas investigadas eran en realidad «empresas mulas». Aunque estaban legalmente constituidas y parecían creíbles, su único propósito era canalizar el dinero de las estafas. Durante la presentación, el fiscal fue tajante: «Cuando el ofrecimiento de ganancia supera los niveles financieros actuales, hay que desconfiar».
Un operativo de gran escala
La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital coordinó una serie de megaoperativos simultáneos en Capital Federal y diversas localidades bonaerenses. Como resultado, los investigadores lograron el secuestro de 100.000 dólares en efectivo, criptoactivos, una veintena de soportes digitales, teléfonos celulares, notebooks y un vehículo. Además, se confirmó la detención de uno de los integrantes de la organización.
El procurador Miquelarena destacó que el éxito del procedimiento fue posible gracias a la labor interdisciplinaria de la licenciada Anneris Pamela Morales, el abogado Juan Uad y el comisario Kevin De Cicco. Asimismo, valoró la reciente ley provincial que otorgó herramientas legales específicas para combatir este tipo de delitos digitales desde el Estado.
El drama de las víctimas
La investigación se disparó por el caso de una vecina de Puerto Madryn, cuya identidad se mantiene en reserva. La mujer, perteneciente a la clase media trabajadora, relató con angustia que la organización no solo le arrebató sus ahorros de toda la vida, sino también el futuro de sus hijos. Según los registros de la fiscalía, existen más de un centenar de personas que habrían caído en la misma red de falsos inversores, perdiendo capitales millonarios bajo la promesa de una rentabilidad extraordinaria.
