La diputada nacional Marcela Marina Pagano presentó este lunes ante un juez federal un pedido formal de detención contra Manuel Adorni, en el marco de una causa en la que lo acusa de haber intentado obstaculizar una investigación en curso.
De acuerdo a la presentación, la legisladora argumentó la existencia de un «riesgo procesal grave, actual e inminente», vinculado a conductas que, según sostiene, podrían haber afectado el normal desarrollo del proceso judicial.
Entre los elementos expuestos, se menciona que el funcionario habría mantenido contacto con un testigo clave —Matías Tabar— poco antes de que declarara bajo juramento, ofreciéndole asistencia y acercándole contactos de su equipo. Además, se señala la presunta eliminación de mensajes de WhatsApp vinculados a la causa.
Para respaldar el pedido de prisión preventiva, Pagano solicitó la aplicación de la llamada «doctrina Irurzun», un criterio judicial que contempla el posible uso de posiciones de poder para interferir en investigaciones. Esta interpretación fue utilizada en antecedentes de alto perfil, como la causa contra el exministro Julio De Vido en 2017.
La solicitud se fundamenta en distintos artículos del Código Procesal Penal de la Nación y del fuero federal, y ahora quedó en manos del juez interviniente, quien deberá resolver si hace lugar o no a la medida solicitada.
El planteo generó fuerte repercusión en el ámbito político, ya que involucra a una figura central del Poder Ejecutivo nacional y podría tener impacto en el escenario institucional.
