El Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó la condena contra Cecilia Torres Otarola y los demás imputados en la causa conocida como «Ñoquis Calientes», al declarar improcedentes los recursos extraordinarios presentados por las defensas.
De esta manera, quedó firme la sentencia N° 78/2025 emitida por la Cámara en lo Penal de Trelew el pasado 12 de junio de 2025, que había condenado a la ex funcionaria provincial por delitos cometidos durante su paso por la Legislatura y posteriormente como ministra.
La investigación y el juicio estuvieron a cargo del fiscal general Omar Rodríguez.
El fallo del máximo tribunal provincial fue firmado por los ministros Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Javier Gastón Raidan —quien presidió el acuerdo—, Camila Lucía Banfi Saavedra y Mario Luis Vivas, junto al juez de Cámara Martín Roberto Montenovo.
Las impugnaciones habían sido presentadas por la defensora particular Florencia Ana Aida Barba, en representación de Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, y por el abogado Romano Cominetti, representante de Torres Otarola.
Según determinó la Justicia, la ex ministra incurrió en dos maniobras delictivas diferentes. Por un lado, durante su etapa como diputada provincial, exigía a asesores legislativos la entrega de aproximadamente la mitad de sus salarios. El dinero era canalizado mediante transferencias a través de Silvana Cañumil y terminaba en cuentas vinculadas a Torres Otarola.
El STJ consideró acreditado que esa conducta constituyó el delito de concusión, al entender que existió un abuso de poder derivado de su función pública.
Por otra parte, durante su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, designó en cargos jerárquicos a personas domiciliadas en Buenos Aires que, según acreditó la investigación, nunca cumplieron funciones efectivas.
La Justicia confirmó que esas designaciones configuraron fraude a la administración pública, debido a que se utilizaron nombramientos con supuesta idoneidad para incorporar al sistema de haberes provinciales a personas que no prestaban tareas reales.
Con esta resolución, quedó firme la condena contra Torres Otarola, quien deberá cumplir una pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Asimismo, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles mantienen las condenas de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
