En una conferencia de prensa clave en la Ciudad Judicial, la Dra. María Marta Nieto expuso los resultados de la intervención de 60 días ordenada por la corte provincial mediante el Acuerdo Plenario N° 5659/2026. Tras evaluar más de 30 expedientes testigos, la magistrada reconoció abiertamente que “el sistema no está funcionando bien y es mejorable”, lo que gatilló la implementación inmediata de un paquete de reformas obligatorias dictadas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La auditoría sepultó el argumento de la falta de presupuesto al concluir que el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) contó en los últimos tres años con todos los recursos necesarios. Las fallas, por ende, son de gestión. Entre los desvíos más graves, se detectó que el ETI otorgaba turnos a «muy largo plazo» ante denuncias de violencia con medidas vigentes, postergando entrevistas cruciales. Para corregir esto, ya se ejecuta un protocolo estricto que agiliza la agenda de citas.
Las medidas de shock también alcanzan de lleno a los juzgados de familia. El informe exige frenar el «corrimiento» y la automatización de los jueces ante la conflictividad social, reclamándoles una mayor presencia física en los casos. Asimismo, se ordenó a los magistrados unificar la información para evitar que una misma crisis familiar se fragmente de forma ineficiente en múltiples expedientes (violencia, alimentos, comunicación).
Finalmente, Nieto anunció un cambio de paradigma para humanizar la atención: se instruyó de forma obligatoria a todos los operadores a capacitarse bajo una perspectiva amplia de vulnerabilidad. El foco ya no será exclusivo de género, sino que priorizará de manera urgente a las infancias, personas con discapacidad y a los adultos mayores, «quienes a menudo no son debidamente escuchados por el sistema».
