En un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y la Justicia Federal, se llevaron a cabo 27 allanamientos en comedores populares de la CABA y el Conurbano. Los procedimientos, que comenzaron en la madrugada del martes, apuntaron a desarticular una red de «comedores fantasmas» y extorsión a beneficiarios de planes sociales.
A partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, la justicia federal realizó 27 allanamientos a comedores de movimientos sociales y casas de sus referentes. Los operativos se realizaron en la madrugada a integrantes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie. La acusación, según el ministerio, está basada en denuncias telefónicas recibidas a través de la línea 134.
Los imputados son 22 referentes barriales que fueron acusados de una serie de delitos: en principio, el de imponer a beneficiarios de planes para que asistan a las marchas.
En un comunicado difundido por Bullrich aseguran que también hubo pagos para que la gente participara en manifestaciones, y la amenaza de «darlos de baja» del plan. Incluso, que los investigados «vendían» los alimentos enviados por el Estado a los comedores comunitarios.
La imputación incluye, finalmente delitos de mayor gravedad, como el de extorsión.
En este sentido puede leerse el comunicado de la ministra de Seguridad, que asegura: «se desprende de la pesquisa que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados». Es decir que ya no sólo se cuestiona manejos abusivos de los referentes, sino la existencia misma de las cooperativas de trabajo, de las que el ministerio habla como si se tratara de cuevas de corrupción.
Buena parte de las actuaciones judiciales se sustentaron en un informe de auditoría interno que realizó el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello, que se inició en febrero pasado.
Auditoria interna
El informe que reveló el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), determinó que
La investigación que hizo el RENACOM a pedido de Petovello determinó que «la gestión anterior del gobierno nacional no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería», y que entre el 7 de febrero y el 26 de abril se abrieron un total de 2646 espacios, de los cuales 1247 no pudieron ser validados como comedores o merenderos.
Del total de comedores que no pudieron ser validados, en casi la mitad de los casos (609 espacios) en el lugar nunca funcionó o hace tiempo que no funciona un comedor; en el 26% de los casos (327 espacios), los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos).
A su vez, la auditoría destaca que de los 1032 comedores que no pudieron ser identificados como tales, el 33% no funciona más como tal; en el 25% de los casos los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos); y en casi el 16% de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero.
«Esa primera omisión de los deberes de funcionarios público, devino en otra situación que fue denunciada penalmente: Los comedores y los merenderos del RENACOM gestionaban alimentos por miles de millones de pesos, que provienen de diversos programas sociales pero muchos de los comedores eran inexistentes», destaca el informe de auditoría del Ministerio de Capital Humano.
«Chats de apriete»
Las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros.
Las personas que realizaron las denuncias en el 134, las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión extorsionados para concurrir a las marchas. el Gobierno informó también que del análisis de las pruebas se pudo establecer que no tenían concurrencia espontánea a las movilizaciones y por eso extorsionaban a la gente. Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente.
Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir tenía que acreditarlo con certificados médicos. Se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.
Allanamientos
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 órdenes de allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan.
De acuerdo a la investigación, los acusados, «habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos».
La investigación judicial también instó a llamar a testimonio a 28 personas y puso la mira en las sedes de comedores populares como el de Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas. En todos estos casos se secuestraron documentos, elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares.
En el informe de auditoría de Petovello también se destaca que de la totalidad de los comedores sólo se pudieron relevar la mitad (52,3%). El restante (47.7%) «no pudieron relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos)».
El juez Sebastián Casanello entendió que, sin perjuicio del esforzado trabajo de la Fiscalía, las descripciones consignadas en el dictamen respecto del funcionamiento interno de cada una de las organizaciones y distribución de roles exhibían «algunas fragilidades en el confronte con la prueba reunida». También el juez dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las personas investigadas y la citación a prestar declaración testimonial a 12 posibles damnificados y/o testigos de las conductas investigadas que surgían del registro de conversaciones mantenidas mediante la aplicación «Whatsapp» aportados como prueba en el marco de las audiencias testimoniales recibidas al inicio de la pesquisa.
