El Gobierno Nacional oficializó la promulgación de las leyes de Financiamiento Universitario (N° 27.795) y de Emergencia Pediátrica (N° 27.796), aunque decidió postergar su aplicación hasta que el Congreso disponga los fondos correspondientes en el Presupuesto Nacional.
La medida fue establecida mediante los decretos 759 y 760/2025, publicados este martes en el Boletín Oficial, donde se aclara que ambas normas quedan suspendidas «hasta que se incluyan las partidas necesarias» para su ejecución. El Poder Ejecutivo justificó la decisión al señalar el impacto fiscal que implicaría su implementación inmediata.
Según lo establecido en los decretos, la promulgación se realiza bajo los términos del artículo 5 de la Ley 24.629, que dispone que toda norma con erogaciones presupuestarias debe contar con una fuente de financiamiento específica; en caso contrario, su aplicación queda suspendida hasta que se asignen los recursos.
Financiamiento universitario
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente busca garantizar la sustentabilidad de la educación pública, actualizando automáticamente los fondos según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
El texto también establece que la Auditoría General de la Nación ejercerá un control externo sobre las universidades y remitirá los resultados al Congreso. Además, el Poder Ejecutivo deberá adecuar el presupuesto universitario a partir del 1º de enero de 2025, sin afectar la coparticipación ni los aportes del Tesoro Nacional.
Emergencia pediátrica
Por su parte, la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Médicas declara prioritaria la atención de la niñez y adolescencia durante un año, disponiendo recursos para insumos críticos, infraestructura hospitalaria, medicamentos, vacunas, equipamiento y personal esencial.
También prevé la recomposición salarial inmediata del personal de salud y la exención del Impuesto a las Ganancias para quienes realicen tareas críticas, guardias u horas extras en el sector público o privado. Además, reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad.
La norma contempla la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes del Congreso, el Ministerio de Salud, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, que presentará informes trimestrales.
Mientras dure la emergencia, se establece que los programas de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación presupuestaria, especialmente en los hospitales públicos y servicios de urgencia pediátrica.
