Calidad informativa para la construcción de una identidad regional
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El Gobierno lanza medidas para incentivar la formalización y movilizar dólares no declarados

Desde el 1° de junio comenzará a regir un nuevo paquete de medidas impulsado por el Gobierno nacional con el objetivo de simplificar el sistema tributario, reducir la burocracia y fomentar la formalización de la economía. Las disposiciones quedaron formalizadas este viernes a través del Decreto 353/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El plan busca facilitar la inversión, ampliar el acceso al crédito y atraer capitales que hoy se mantienen fuera del circuito formal, incluyendo los llamados «dólares colchón». Para lograrlo, se apunta a reducir la presión fiscal sobre el sector formal, que actualmente sostiene la mayor parte de la recaudación, y a modernizar los mecanismos de control y fiscalización.

Uno de los pilares del nuevo esquema es la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplaza a la antigua AFIP. Este organismo tendrá a su cargo la implementación de las nuevas políticas y la modernización de los procesos tributarios y aduaneros.

Entre las medidas más destacadas se incluye:

  • Un régimen simplificado para declarar el Impuesto a las Ganancias de personas físicas y sucesiones indivisas, que permitirá usar la información ya disponible en el sistema tributario para agilizar la presentación. Esta opción será voluntaria y busca aliviar la carga administrativa de los contribuyentes.
  • La implementación del Sistema de Finanzas Abiertas, que permitirá, con autorización previa, compartir datos financieros entre ciudadanos y entidades del sistema bancario. Esto apunta a mejorar el acceso al crédito, fomentar la competencia y promover la inclusión financiera. El Banco Central será el encargado de supervisar este nuevo sistema.

Según el texto oficial, el diagnóstico del Gobierno indica que el esquema actual presenta una alta concentración tributaria, donde un número reducido de grandes contribuyentes sostiene gran parte de los ingresos del Estado, mientras que la presión fiscal empuja a muchos a la informalidad. Esto, según el Ejecutivo, no solo genera desigualdad y excluye a trabajadores del acceso a derechos laborales, sino que también frena el desarrollo económico del país.

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