A través de cuatro decretos publicados este viernes 13 de diciembre en el Boletín Oficial, el Gobierno introdujo medidas destinadas a reforzar el control sobre los gastos de las universidades nacionales.
Las instituciones educativas estatales deberán gestionar sus adquisiciones y contrataciones exclusivamente mediante los portales oficiales del Estado, como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el sistema e-SIDIF, que reemplazará al actual SIU-Pilagá.
La iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Transformación del Estado, la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Contrataciones, busca reformar el sistema económico y financiero de las universidades. El objetivo principal es asegurar un uso más eficiente y transparente de los fondos públicos que estas instituciones reciben.
Un cambio clave es la obligatoriedad de realizar licitaciones o compulsa de precios antes de firmar convenios o acuerdos, eliminando la exención que existía para los llamados «convenios interadministrativos» con otros organismos estatales o cooperativas.
El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, explicó que aunque la autonomía universitaria para gestionar los presupuestos está garantizada, el origen público de los fondos exige el cumplimiento de normas de transparencia y rendición de cuentas. «La autonomía está asegurada, pero los recursos que provienen de la administración pública deben gestionarse bajo los mismos estándares que el resto del sector público», sostuvo Fariña.
Este nuevo marco regulatorio ha generado tensiones entre el Gobierno y las universidades, que critican lo que consideran una intromisión en sus sistemas de gestión financiera. Sin embargo, el Ejecutivo defiende la medida como un paso necesario para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de recursos en un contexto de crecientes demandas sociales y presupuestarias.
