En diálogo con Radio del Sur 97.1, Hugo Fernández, vecino expositor N°20 de la audiencia pública por la actualización tarifaria de la SCPL, explicó que viene participando de las audiencias públicas desde 2022 y sostuvo que varios de los planteos realizados en años anteriores aún no fueron atendidos por los organismos correspondientes.
El vecino expositor N°20 de la audiencia pública por la actualización tarifaria de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), Hugo Fernández, cuestionó los fundamentos del pedido de aumento y planteó reparos sobre el mecanismo utilizado para aprobar los incrementos.
«Hay muchas cosas que ya se las hemos repetido varias veces, tanto a los integrantes del EnCoSeP como a los concejales, pero parece que no lo entienden», afirmó.
Uno de los principales cuestionamientos del vecino estuvo vinculado a la interpretación de la Ordenanza 6050 y el rol del Ente de Control de Servicios Públicos. Según explicó, la normativa establece que las tarifas deben ser «justas y razonables» y que no existe una obligación automática de aprobar los pedidos de actualización solicitados por la Cooperativa.
«En ningún lado dice que los ajustes tienen que ser aprobados solo por el pedido de la Cooperativa. Eso significa justamente un ajuste automático», sostuvo.
Fernández remarcó que el objetivo de su reclamo no es impedir que la SCPL tenga los recursos necesarios para brindar el servicio, sino que los aumentos estén debidamente fundamentados y sean equilibrados para ambas partes.
«No se trata de no pagar lo que corresponde. Se trata de pagar lo justo y razonable para ambas partes: para el concesionario, para que pueda prestar los servicios, y para el usuario, para que esas tarifas no resulten confiscatorias de sus ingresos», explicó.
Cuestionó los balances positivos de la Cooperativa
Por otro lado, el vecino también puso en duda la necesidad del nuevo incremento al señalar que la SCPL habría cerrado los últimos ejercicios con resultados económicos positivos.
«La Cooperativa viene teniendo resultados positivos, beneficios en los tres últimos ejercicios. Entonces la pregunta es: ¿para qué necesita más tarifas?», planteó.
En ese sentido, sostuvo que si existen problemas vinculados a la administración o gestión interna, esos costos no deberían trasladarse directamente a los usuarios.
«Si la Cooperativa necesita ajustes por cuestiones de mala administración o mala gestión, tampoco se le pueden trasladar esos costos al usuario. Lo que tiene que hacer es tener una buena administración», afirmó.
Fernández contó además que presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer detalles de una auditoría realizada sobre la Cooperativa y determinar si se trató de un análisis contable o de gestión.
«Si fue una auditoría contable, no sirve para nada. Tiene que ser una auditoría de gestión», cuestionó.
Según indicó, el plazo para recibir una respuesta del Ejecutivo municipal estaba próximo a vencerse y, en caso de no obtener información, evalúa recurrir a la Justicia.
«Si no me contestan, lo voy a hacer. No sé de dónde voy a sacar plata, pero si el Ejecutivo no responde tendré que recurrir a la Justicia», expresó.
Reclamo por la falta de participación del Ejecutivo
Otro de los puntos señalados por Fernández fue la ausencia del Poder Ejecutivo municipal durante la audiencia pública, al considerar que debía formar parte del proceso.
«La normativa establece que tienen que estar presentes todas las partes y el Ejecutivo es una parte. No puede ser que no esté presente», sostuvo.
Además, cuestionó los mecanismos actuales de difusión de las audiencias públicas y consideró que deberían modernizarse para garantizar mayor participación ciudadana.
«Cuando se trata de publicar los actos de gobierno como una audiencia pública, lo siguen haciendo como hace 30 años. Tendría que llegarnos un correo electrónico a todos los vecinos con la información y el expediente», propuso.
Para Fernández, la falta de participación no necesariamente responde a desinterés de la comunidad, sino a una pérdida de confianza en las instituciones.
«La gente no tiene confianza en las autoridades. Muchas veces dice: ‘¿Para qué voy a ir si al final siempre terminan haciendo lo que quieren?'», explicó.
Finalmente, el vecino anticipó que espera un dictamen similar al de anteriores actualizaciones tarifarias y cuestionó el peso de la decisión que recaerá sobre los integrantes del EnCoSeP.
«No se trata de un alfajor que si me lo venden caro voy al kiosco de la esquina y compro otro. No pueden manejar la cuestión tarifaria de la misma manera. No es: aumentaron los costos y subimos las tarifas», concluyó.
