El presidente Javier Milei dispuso la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para incorporar el tratamiento de proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil, dando cumplimiento a un anuncio político realizado horas antes en Mar del Plata, donde volvió a insistir con la consigna «delito de adulto, pena de adulto».
La medida quedó formalizada a través del Decreto 53/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el mandatario junto al vocero presidencial y ministro, Manuel Adorni. En el texto se establece la incorporación al temario legislativo de las iniciativas que proponen modificar el régimen penal juvenil vigente.
De esta manera, el Ejecutivo dio respaldo legal a una de las definiciones más firmes del Presidente, expresada ante militantes y simpatizantes durante un acto público, donde remarcó que «en Argentina, el que las hace las paga».
El proyecto que el Gobierno enviará al Congreso es impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia y apunta a reformar un régimen que rige desde la última dictadura militar. La iniciativa propone bajar la edad mínima de punibilidad, actualmente fijada en 16 años, para que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados bajo un nuevo esquema legal.
La decisión reaviva un debate sensible y de fuerte impacto político y social, con posturas enfrentadas tanto dentro del Congreso como en distintos sectores de la sociedad.
La imputabilidad juvenil vuelve al centro del debate
Desde el Ejecutivo reconocen que la discusión no es nueva y que el tema venía siendo analizado desde hace semanas, aunque recién ahora se resolvió avanzar formalmente con su tratamiento legislativo. El proyecto toma como base una iniciativa que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025, elaborada originalmente en el ámbito del Ministerio de Justicia.
La propuesta fue desarrollada por la Secretaría de Justicia, junto a áreas técnicas de política criminal y legislación, y posteriormente ajustada para adecuarla a la estrategia política del Gobierno y facilitar su debate parlamentario.
En paralelo, la reforma integral del Código Penal —que también contempla reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años— quedaría para el período ordinario de sesiones, a partir del 1° de marzo. En diciembre, la intención del Presidente era avanzar de manera conjunta con ambas iniciativas, pero la prioridad otorgada a la reforma laboral postergó el tratamiento penal.
En los últimos días, el impacto de un caso ocurrido en la provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años fue torturado y asesinado, volvió a instalar con fuerza el debate público sobre la responsabilidad penal juvenil y aceleró la decisión del Gobierno de incluir el tema en las extraordinarias.
El antecedente de Comodoro Rivadavia
En la región, el crimen de Gonzalo Güenchur, un estudiante de 17 años asesinado en mayo de 2024 en Comodoro Rivadavia durante un robo cometido por un menor de 15 años, también reabrió la discusión a nivel nacional. Al ser inimputable por ley, el agresor no enfrentó una causa penal, lo que generó conmoción social y movilizaciones en reclamo de justicia.
Sobre este debate, distintos especialistas en derecho penal expresaron su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad como solución. El ex juez Florencio Minatta, docente universitario en materias penales y de derechos humanos, sostuvo que si bien un menor puede saber que está matando, eso no implica necesariamente que comprenda la criminalidad del acto. «La inimputabilidad no se basa en la ignorancia de lo que se hace, sino en la falta de maduración para comprender el valor de la vida», explicó, y advirtió que el encierro no resuelve el conflicto: «La cárcel no funciona con adultos, mucho menos con menores».
En la misma línea, el juez de Cámara Penal y docente universitario Martín Montenovo remarcó la complejidad de determinar la comprensión del acto criminal en menores. Señaló que algunos países aplican criterios caso por caso, con intervención de equipos interdisciplinarios, mientras que otros —como Argentina— fijan una edad límite. «Siempre surge la pregunta: si no es 16, ¿será 14, 12 o 10? ¿Hasta dónde se baja?», planteó, y subrayó que incluso en adultos resulta difícil evaluar plenamente la conciencia de criminalidad.
