El Gobierno nacional resolvió suspender la auditoría de pensiones por discapacidad, un proceso que había puesto en riesgo a más de un millón de beneficiarios en todo el país.
La decisión fue confirmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y se mantendrá vigente mientras avance la investigación interna sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), actualmente intervenida tras el escándalo de corrupción que salpicó a su exdirector, Diego Spagnuolo.
La medida incluye también la revisión de las 128.667 bajas ya aplicadas, que hasta ahora se habían justificado en diferentes irregularidades: más de 110 mil pensiones con documentación fraudulenta, 8.107 correspondientes a personas fallecidas y unas 10.038 a beneficiarios que habían renunciado voluntariamente.
Con esta suspensión, quedan congelados los controles presenciales y el envío de citaciones a los titulares del beneficio. A su vez, se detuvo el proyecto que buscaba que la ANDIS —un organismo descentralizado con presupuesto propio— pasara a depender directamente del Ministerio de Salud, con el objetivo de transparentar licitaciones y compras.
Según el Gobierno, la intervención permitió acceder por primera vez a la contabilidad interna de la agencia, hasta ahora manejada de manera autónoma por la administración anterior.
