Radio del Sur 97.1 dialogó con el fiscal Cristian Olazabal, sobre el fallo de la causa «Emergencia Climática I».
En el día de ayer, el tribunal condenó a los funcionarios Daniel Palomeque y Pablo Boyero por el delito de estafa en perjuicio de la Administración Pública, cometidos durante el temporal ocurrido en 2017, que provocó graves daños materiales a los ciudadanos.
El próximo 29 de julio se realizará la audiencia de cesura o imposición de pena, en la que el tribunal fijará las condenas concretas para cada uno de los condenados.
En ese marco, Olazabal expresó que le pareció el veredicto, «más que satisfactoria la posición que tomó el tribunal, no fue en plenitud como nos hubiera gustado, y las tres imputaciones que no se tomaron podían ser obvias, pero muy conforme con el resultado».
En referencia a sus dichos sobre que ‘acá no están sentados todos los culpables del fraude’, dijo «lo sostengo porque, de la propia documentación, surgían datos que eran llamativos, horas de trabajo facturadas que nadie los observó».
Y agregó: «Yo, que era ajeno, que me senté a ver la documentación para el juicio digo cómo esto no lo detectó nadie. Qué fue lo que pasó? Por eso yo sostenía que faltaban personas imputadas, incluso algunos pertenecientes a las empresas que fueron los que propiamente falsificaron los partes diarios».
«El gerente operativo de Astoil fue quien falsificó los datos y esto lo dijo el Tribunal, por eso digo que faltaban personas sentadas acá, el propio empresario podría desconocer lo que estaba firmando su gerente? Si el patrimonio que se acrecentó fue el suyo», sostuvo el fiscal.
Asimismo, fue consultado sobre si considera que hay responsables más arriba de Palomeque y Boyero, «ahora hay que establecer cuál fue el grado de conocimiento que pudieron tener todos los otros actores municipales porque cuando se presentaban estos partes diarios y se facturaba, había todo un circuito preestablecido que pasaba no solamente por las carteras de Boyero de Palomeque, que involucra hasta al Tribunal de Cuentas Municipal».
«Si tengo que ser honesto, a mí me llama demasiado la atención, es más, me preocupa porque también soy un ciudadano», añadió.
Por otro lado, el fiscal opinó sobre si tendría que haber otro tipo de control en la situación patrimonial de un funcionario al momento de ingresar al cargo y luego de dejar el mismo, «debería ser información pública, yo soy funcionario provincial y nosotros tenemos el Tribunal de Cuentas provincial, que nos piden que hagamos las declaraciones juradas anuales para certificar cuál es nuestro patrimonio, si se ha acrecentado y controlar de que no hay un enriquecimiento ilícito».
En cuanto a la expectativa de pena para estos delitos, Olazabal expresó que «en general, para este tipo de delitos parte desde un mínimo de 2 años como mínimo, hasta los 6 años que es lo que nos establece la ley, si ustedes me preguntan si es poco y sí, pero lamentablemente es la ley que tenemos».
«El piso que va a tomar la fiscalía es de 4 años y medio para arriba con prisión efectiva, yo creo que las sanciones tienen que ser severas para que estas cosas no vuelvan a suceder», finalizó.
