El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Stella Maris se convirtió una vez más en el escenario de un preocupante hecho de vandalismo. Delincuentes provocaron diversos daños edilicios en una institución pública que resulta vital para la atención médica diaria de cientos de familias de la zona, encendiendo nuevamente las alarmas sobre la desprotección que sufren estos espacios comunitarios.
La reiteración de estos ataques ha colmado la paciencia de los vecinos, quienes manifestaron que la situación no es nueva y recordaron con malestar que ya se habían presentado reclamos formales tiempo atrás ante las autoridades de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y el gobierno provincial de Ignacio Torres, sin que hasta el momento se hayan implementado soluciones de fondo.
El costo de la inacción estatal
Desde la propia comunidad destacaron que cada acto de vandalismo no solo interrumpe un servicio público esencial, sino que genera importantes gastos de reparación que, en última instancia, se costean con los recursos de todos los contribuyentes. En este sentido, los vecinos señalaron de forma sutil pero firme que ya no alcanza con lamentar los hechos una vez consumados, sino que es urgente pasar de la retórica a la acción.
El principal reclamo apunta a la falta de inversión en materia preventiva. Los usuarios y trabajadores del centro de salud exigen la instalación urgente de cámaras de seguridad y mayor presencia policial en los alrededores. Según argumentan, los dispositivos tecnológicos no solo servirían para identificar a los responsables tras un ataque, sino que cumplirían un rol disuasorio indispensable para garantizar un entorno seguro tanto para el personal médico como para los pacientes.
Compromiso comunitario frente al desamparo
Ante un panorama donde las respuestas oficiales suelen demorarse más de lo esperado, desde el barrio se hizo un fuerte llamado a la solidaridad vecinal para custodiar el lugar. Instaron a los habitantes de la zona a «no mirar para otro lado» y a denunciar de inmediato ante la policía cualquier situación sospechosa, episodios de violencia o daños contra las instalaciones.
«Cuidar nuestras instituciones es defender el derecho de toda la comunidad a contar con servicios públicos seguros y en condiciones», concluyeron los referentes del reclamo, dejando en claro que el CAPS es patrimonio de todos y que la paciencia frente a la falta de respuestas preventivas estatales se está agotando.
