Editorial: «La Suma del Poder» en manos de un conjunto de burócratas inexpertos

Es un título extenso. Es cierto. Pero la envergadura de lo acontecido con la muerte de Ángel Nicolás López es tan grosera que cuesta, incluso para este periodista, encontrar las palabras y conceptos más adecuados para exponer nuestra mirada sobre lo sucedido.

Podríamos iniciar este escrito haciendo un pormenorizado detalle de lo ocurrido con los «mayores», mal llamados «responsables» de la vida de Ángel. Es decir, los progenitores, sus respectivas parejas, familiares directos e indirectos, docentes, directivos e incluso, vecinos.

Pero sería un enfoque inapropiado, a nuestro criterio, dado que ahora es el fuero penal de la justicia provincial quien debe establecer responsabilidades frente a una muerte incomprensible, inadmisible y dolorosamente evitable.

¿Por qué «La Suma del Poder Público»?

Por principio y definición, nuestra sociedad se organiza en torno a un sistema de convivencia en donde quienes nos gobiernan, es decir, quienes ejercen el poder político, toman decisiones que comprometen efectivamente a la totalidad de la sociedad; decisiones que tienen la característica de «obligatoriedad». El no acatamiento de esas «órdenes» (leyes, códigos, reglamentos, etc.) presupone un incumplimiento por parte del ciudadano o habitante que debe ser revisado por la función judicial.

Así entonces, ese poder político se expresa en la sociedad en tres funciones claramente diferenciadas: la función ejecutiva, la legislativa y la judicial.

Cuando nos adentramos en la dinámica de la función judicial, las resoluciones emanadas por un juez competente son decisiones que obligan efectivamente a las partes a someterse al acatamiento de las mismas. Los distintos fueros que interactúan en dicha función analizan el comportamiento de cada habitante y ciudadano y así determinan responsabilidades civiles, penales, laborales, etc…

Los juzgados de familia tienen esa facultad de determinar responsabilidades, pero además es el único fuero que, con sus resoluciones, no solo alcanza a un individuo, sino también a un grupo de personas. Es el fuero cuyas resoluciones deben ser tan exhaustivas que está obligado a analizar conductas y comportamientos de todos los integrantes de un conjunto familiar, priorizando el interés supremo del niño.

Dicho de otro modo, la capacidad de injerencia en un colectivo social que admite el fuero de familia es tan distintiva que, por esa excepcionalidad, asume una importancia absolutamente extraordinaria.

Si lo tuviéramos que traducir al ámbito puramente político, el fuero de familia tiene en su esencia la suma del poder público.

Esta rápida y superficial mirada sobre las características del fuero de familia nos permite suponer que esta especialidad del derecho cuenta con todos los recursos e instrumentos para intervenir en un grupo familiar disfuncional de forma categórica. Y dicha intervención debe estar reglada por un principio máximo, el cual es garantizar el interés supremo del niño por sobre los derechos de los demás integrantes de la familia.

Esto es efectivamente lo que no sucedió. La muerte de Ángel es el resultado de lo que habitualmente vivimos cada uno de nosotros cuando somos objeto de aplicabilidad de un sistema que cuida más las formas que resolver el fondo de la cuestión.

A este niño casi nadie lo escuchó correcta y adecuadamente. A modo de ejemplo, nunca se le practicó una cámara Gesell, donde psicólogos especializados pudieran ahondar, mediante técnicas adecuadas, en las tensiones psicológicas a las que fue sometido Ángel por parte de sus progenitores y allegados.

Lo hicieron parte del sistema judicial de familia, pero nadie de ese mismo sistema se comprometió lo suficiente para garantizar su integridad física e emocional. Ni el juez Pablo Pérez, ni la abogada que lo representaba, la defensora Verónica Roldán, ni los abogados del niño, ni los integrantes del ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario), ni la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, ni secretarios municipales y/o provinciales, ni instituciones públicas encargadas de velar por garantizar el interés supremo del niño hicieron todo lo que debían. Es decir, nadie escuchó como lo exigía la situación.

La responsabilidad mayor sobre el destino que le tocaría vivir a Ángel claramente estuvo siempre en manos, primero, de sus progenitores. Ninguno de los dos, en principio, estuvo a la altura de las circunstancias.

Con todas estas facultades a su alcance y con leyes acordes que prevén qué acciones deben tener en cuenta los jueces al momento de dictaminar sobre la realidad de un grupo familiar, ocurrió lo único que no podía suceder: que un niño muriera.

La primera pregunta es obvia:

¿Por qué? Porque el sistema no funciona y su desempeño solo depende de la buena voluntad que inexpertos magistrados y auxiliares pueden tener sobre la causa o el expediente.

Dicho de otro modo, los jueces de familia tienen la suma de poder público para intervenir en el seno de una familia con conflictos, pero desvirtuaron su uso en pos de garantizar su propia estabilidad laboral en detrimento de la utilización del razonable criterio para la resolución de problemas en donde, lo más importante, de nuevo, es garantizar el interés supremo del niño.

La muerte de Ángel es exactamente el resultado del no funcionamiento de un sistema judicial del fuero de familia de Comodoro Rivadavia y del mal desempeño de jueces, abogados, funcionarios e instituciones que olvidaron que su rol de servidores públicos, cuyos salarios son pagados con nuestros impuestos, debe estar destinado a quienes lo demanden. Es decir, Ángel.

Con la suma del poder público en sus manos, magistrados y auxiliares se limitan a ver, desde su escritorio, lo que figura en un expediente; es decir, lo expuesto en ese cosido de papeles amarillentos. Con esos escasos recursos, deciden resolver o, como en tantos otros casos, procrastinar.

El fuero de familia carece de legitimidad y jueces y auxiliares de justicia de familia ya no tienen autoridad. Son apenas un cúmulo de jóvenes expresiones de deseos que pronuncian conceptos de libro en los exámenes que les posibilitan acceder al cargo que ostentan, pero que no honran.

Ante este hecho concreto, vale recordar el otrora famoso Decálogo de los Derechos del Niño redactado por los prestigiosos pioneros de la salud pública, Dres. Arnaldo Rascovsky (médico pediatra y psicoanalista) y Florencio Escardó (médico pediatra y sanitarista) y, lamentablemente, en gran medida olvidado:

Derecho a ser deseado: El niño debe nacer de un acto de amor y deseo consciente de sus padres.

Derecho a ser alimentado al pecho: Defensa de la lactancia materna como vínculo emocional básico.

Derecho a la salud física y mental: No solo ausencia de enfermedad, sino un entorno que permita su pleno desarrollo.

Derecho a un hogar estable: Un espacio seguro que le brinde identidad y contención.

Derecho a la educación: Formación que respete su singularidad y no sea una mera imposición de conocimientos.

Derecho al juego: Reconocimiento del juego como la actividad vital y “trabajo” fundamental del niño.

Derecho a no ser explotado: Protección absoluta contra el trabajo infantil y cualquier forma de abuso.

Derecho a una identidad: A tener un nombre, una nacionalidad y a conocer su origen.

Derecho a ser escuchado: Que su opinión y sus sentimientos sean tomados en cuenta por los adultos.

Derecho a la libertad: A desarrollarse sin presiones filicidas (agresiones inconscientes) que limiten su potencial.

El informe preliminar de la autopsia practicada sobre el cuerpo de Ángel da cuenta de que el niño «presentaba múltiples pequeños golpes en la cabeza, gran edema cerebral y hemorragia en el cerebelo». Este cuadro no es exactamente el resultado de haber hecho lo suficiente para garantizar el cumplimiento de los derechos antes expuestos.

Ángel no pudo ejercer casi ninguno de estos derechos. Su muerte nos amarga, indigna, envenena. Por más pedidos de justicia que surjan, nadie ni nada devolverá a la vida a este niño de 4 añitos. Ojalá sirva para despertar conciencias y evitar futuros casos. Esperemos que esta vez la responsable máxima del fuero de familia en el Superior Tribunal de Justicia, la Dra. Silvia Bustos, tome cartas en el asunto porque la suma del poder la tiene. Solo tiene que saber utilizarla. Esperemos que su conciencia se lo autorice.

Por Sergio Cavicchioli