Editorial: El selectivo «adiós» de YPF

Desde la reforma de la Constitución Nacional, allá por 1994, los recursos naturales existentes en los subsuelos argentinos, cambiaron de jurisdicción. De pertenecer a la nación, pasaron a formar parte de los patrimonios provinciales y son éstas, desde entonces, las responsables de determinar su destino.

La reforma aludida logró materializarse mediante la sanción de llamada “Ley Corta” en 2006 cuando el ex Presidente Néstor Kirchner, posibilito llevar a la práctica este nuevo principio constitucional.

Así, los estados provinciales lograron decidir el destino final de sus recursos y su forma explotación. Fue un hito importante dado que la generación de riqueza asociada a la explotación de dichos recursos, dejo de estar en manos de personajes absolutamente divorciados de la realidad de cada distrito. Al contrario, con ese nuevo formato constitucional, ese destino fue determinado por los mismos ciudadanos que son, en definitiva, los quienes conviven con dichos modelos de producción.

Debate: para unos sí, para otros no

Los ejemplos más acabados, fueron los debates que la sociedad chubutense se dio sobre el destino de dos recursos naturales emblemáticos como lo son, los hidrocarburíferos y los metalíferos.

Tras la reforma constitucional aludida, Chubut decidió instrumentar un conjunto de renegociaciones de contratos con operadoras de áreas que, en su totalidad, fueron autorizadas no solo por el poder ejecutivo sino por la mayoría de los legisladores provinciales.

Pero con el devenir de los tiempos, no solo fueron necesarias las aprobaciones gubernamentales. Las llamadas “licencias sociales” adquirieron un peso específico muy importante. Estos “permisos” o acuerdos refieren, casi exclusivamente, al consenso social, que otorga la opinión pública en torno a la aceptación o no de darle continuidad a ese formato de producción.

Así, desde 2007 en adelante, la decisión de darle continuidad a la producción hidrocarburífera mediante las sucesivas extensiones de contratos petroleros signados por gobernantes y gobernados posibilitaron, mayoritariamente, darle continuidad a ese esquema de producción del petróleo y gas, permitiendo, al mismo tiempo, alcanzar márgenes de certeza y previsibilidad económica para la totalidad de la población chubutense.

Las reglas de la Nación

A esta altura del análisis, es importante destacar que lo actuado por cada provincia no fueron conductas absolutamente disociadas del contexto nacional en el que se enmarcan este tipo de contratos. La ley federal de hidrocarburos, la Nº 17319, es el “paraguas” legal e institucional nacional bajo el cual se produjeron las mencionadas renegociaciones. Esta norma establece los principios generales que las provincias y las operadoras de áreas (sean públicas o privadas) deben respetar inexorablemente toda vez que se recreen nuevas relaciones contractuales.

El petróleo no es lo mismo que la plata. ¿Perdón?

El otro debate relevante, muy contradictorio, por cierto, y con un resultado diametralmente opuesto al desarrollado en torno a los hidrocarburos, es el referido a la explotación minera metalífera.

Con características absolutamente distintas, y en tiempos históricos que incorporaron nuevas variables, la industria dedicada a la explotación de los minerales metalíferos, se encontró con una serie de obstáculos que no supo y no pudo superar. Como consecuencia, uno de los principales recursos naturales con los que cuenta la provincia, descansa pasivamente en el subsuelo, sin que alguien se proponga seriamente, abordar la cuestión.

Son varias las razones por las cuales Chubut no logra encontrar un camino en el convivan, por el que transiten civilizadamente, la explotación de ese tipo de recursos, por un lado, y por el otro, los necesarios acuerdo políticos, económicos y sociales que den sustento, que legitimen, dicha propuesta de producción.

A diferencia de los hidrocarburos, el marco legal que regula la actividad minera en el país, descansa en el código minero sancionado en noviembre de 1886 y, entre otras leyes, la ley Nº 24196 de Inversiones Mineras del año 1993. Esta norma establece nuevos parámetros respecto la titularidad del recurso que pasa a pertenecer a cada jurisdicción provincial, pero ofrece, conjuntamente, una serie de ventajas que aún hoy, son objeto de cuestionamientos.

¿Pensar a 30 años?

Entre los beneficios económicos y financieros que la ley otorga al permisionario, se encuentran: 1) estabilidad fiscal sobre impuestos nacionales y provinciales por el término de 30 años. 2) En cuanto a importaciones, se refiere, la norma fija el 0% tasa para importación de bienes de capital (equipamiento y repuestos) e insumos necesarios para la operación. 3) Respecto de las promociones para la exploración, la legislación destaca la doble deducción del impuesto a las ganancias de los gastos de exploración hasta que se determine la factibilidad del proyecto. 4) Además, ofrece un esquema de amortización acelerada en tres años y; 5) uno de los más controvertidos y discutidos puntos es el referido al tema de la fijación de un tope en el cobro regalías provinciales que, no puede superar el 3%.

Los aspectos apuntados en el párrafo anterior son, a modo de ejemplo, los objetivos que establece la ley y que obliga a las partes involucradas en dicho tipo de explotaciones, a cumplir de forma inexorable. Ocurre que dichos objetivos y prescripciones legales implica que gobernantes nacionales y provinciales sostengan políticas de estado por períodos de tiempo que los actuales debates no respetan o no contemplan.

Dicho de otro modo, la improvisación en la formulación de políticas públicas a la que nos tienen acostumbrados nuestros gobernantes, alejan cualquier posibilidad de debate serio sobre el futuro productivo del país, de la provincia y de la región.

La oscilación pendular por la que transitan los objetivos de cada administración gubernamental nacional o provincial de las últimas décadas es, en esencia, desde un lado, un poderoso limitante para el establecimiento de políticas que logren sostenerse a lo largo de las próximas décadas. Del otro, el prostitución ideológica y electoral de los principales aspirantes al poder en todos los niveles de los gobiernos, posibilitó y alimentó el germen de la desconfianza popular en su clase gobernante.

Las administraciones provinciales de José Luis Lizurume (UCR) primero y Mario Das Neves y Mariano Arcioni (PJ) después, fueron la expresión más acabada de los cambios de rumbos, de la especulación partidaria electoralista, de un grupo de gobernantes que sometió a una ecuación electoral, puramente especulativa, la existencia misma de una de las actividades más importantes en la generación de riqueza.

¿Quién se anima?

Lo cierto es que nadie, con aspiraciones serias de alcanzar el poder, o sostenerse en el mismo, se anima a instalar en la agenda política, la cuestión minera. Así, el futuro económico y social de este tipo de producción, quedó resumido a un conjunto de slogans que, desde la izquierda del espectro ideológico, repiten hasta el cansancio, equiparable solo por los altos niveles de ignorancias e intolerancias propias de sectores sociales a quienes “pensar” les produce miedo.

Algo parecido, pero sin que alcance tamaños niveles de ignorancia, se encuentra la producción pesquera y agropecuaria.

Con la merluza o la oveja, ¿qué pasa?

El sector pesquero tiene su principal objetivo en la especie “langostino” dada la alta rentabilidad que ofrece su comercialización. Dicho tipo de pesca genera un severo impacto en el ecosistema marítimo que ha significado, incluso, la puesta en peligro de especies acompañantes como la merluza, entre otros.

Los informes sobre la sustentabilidad de este modelo de producción que emite el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) con asiento en Ciudad de Mar del Plata, dejaron de tener el peso que necesariamente deben contar a la hora de medir la evolución de todas las especies marinas.

El modelo agropecuario sufre uno de sus presentes más difíciles. La producción de lana ovina ya es insostenible frente a la presencia de especies depredadoras (zorro y puma) o protegidas (guanaco) y con el abigeato (robo de ganado) como corolario de la presencia humana. Si a todo esto le sumamos la dureza de inviernos cada más severos, el combo es terminante.

Ninguno de estos temas nutre una agenda que solo tiene ojos para necesidades electorales de momento. Pero esto no es todo. Por si faltara un renglón vacío más, a esta larga lista de espacios en blanco, ahora se suma el retiro de YPF como operador de área de la cuenca del Golfo San Jorge.

Si te vas…, llevate todo

La empresa de bandera nacional decidió dejar los yacimientos existentes en esta cuenca (solo se quedó con Manatiales Behr) por considerar que los mismos no alcanzan a cubrir el punto de equilibrio económico que estableció la petrolera. Con lo cual, ya fueron acordados los términos de venta de cuatro de las cinco áreas ubicadas en Chubut al grupo empresarial Pecom (Pérez Companc).

Resta ahora que el gobierno del Chubut autorice la venta y fundamentalmente quede establecido con claridad de quien será la responsabilidad del saneado ambiental de más de cien años de producción.

Lo llamativo del caso es que las Administraciones provinciales y municipales, nada han reflejado respecto de otra cuestión que es tan o más importante que lo que haga en materia de remediación ambiental, la futura concesionaria de área.

Se trata de uno de los principales negocios del sector petrolero, cual es la prestación del servicio de perforación, terminación (workover) y pulling (tracción y reparación) de pozos a perforar o ya perforados. Habitualmente se los llama “equipos de torre”.

AESA es la empresa perteneciente a YPF S.A. que presta este tipo de servicios, que son los de mayor facturación en la ecuación del negocio petrolero. Nada ha dicho YPF, hasta el momento, por lo menos, respecto de si su retiro o abandono de las áreas en la cuenca, implica necesariamente que su empresa insignia en materia de equipos de torres, corra la misma suerte.

La subsidiaria de YPF cuenta en Chubut con 3 equipos de perforación (AESA 301-302 y 304) de los cuales solo uno se encuentra operativo, el AESA 301. Los dos restantes adquieren una situación de “espera”, listo para apoyar la operación cuando ésta así lo demande. Dicha situación se la denomina: “Stand By”.

Algo similar ocurre con los equipos de terminación o Workover. AESA dispone de 4 equipos de los cuales dos se encuentran operativos (AESA 201 y 207) y dos en stand by, a saber: el AESA 202 y el 209.

Respecto los equipos de pulling, AESA utiliza solo uno, que es el AESA 205, que se encuentra operativo.

Vale decir entonces, que el retiro de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge es absolutamente selectivo y digitado. La petrolera de bandera nacional abandona su rol como operador de área y vende las mismas a otra, ya conocida por estas tierras, como lo es Pecom. Pero retiene para sí, la prestación del servicio de torres que, como dijimos, es el más rentable de la ecuación petrolera.

A esta altura de los acontecimientos, es imposible soslayar que las economías de las ciudades que integran la cuenca, tanto en Chubut como en Santa Cruz, tienen en la perforación de pozos petroleros a su principal fuerza dinamizadora. Es importante que tengamos en cuenta que Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Caleta Olivia, Pico Truncado o la misma Las Heras, NO viven del petróleo.

El recurso, propiamente dicho, es la principal fuente de ingreso para la operadora de yacimiento y los gobiernos provinciales y municipales, una vez que el hidrocarburo es comercializado. Sin embargo, el nivel de actividad económica de las ciudades que integran la cuenca está dado, principalmente, por cantidad de pozos que las operadoras perforen o intervengan.

Los puestos de trabajo directos e indirectos y los contratos con empresas prestadoras de servicios, son los factores más importantes que aportan riqueza a la dinámica económica de cada ciudad. Por lo dicho, es muy significativo que los gobiernos de ambos estados provinciales, los intendentes de cada ciudad y los empresarios locales agrupados en la Cámara de Empresas de Servicios de la Cuenca del Golfo San Jorge, “protejan” a quienes apuestan y hunden sus inversiones en estas tierras.

Por ahora, no hay voces que eleven planteos cuyo objeto sea sostener los niveles de actividad económica en las ciudades que integran la región. Lucen ausentes. Esperemos que aparezcan, todavía estamos a tiempo.

Por Sergio Cavicchioli