En una jornada marcada por resoluciones cruzadas, la ex presidenta y ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, obtuvo un importante alivio en el plano previsional, mientras la fiscalía endurece la ofensiva en causas de corrupción vinculadas a la obra pública.
Reves administrativo: la Justicia ordena restituir la pensión
La Cámara Federal de la Seguridad Social dictó este jueves un fallo que suspende la resolución de la ANSES que había dado de baja la pensión no contributiva que la ex mandataria percibía por el fallecimiento de Néstor Kirchner.
La Sala III declaró admisible el recurso de la defensa y frenó los efectos de la quita del beneficio. Los puntos clave del fallo son:
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Falta de sustento: El tribunal señaló que el acto administrativo de baja no exhibía un «nexo causal claro» entre los motivos invocados y la quita del derecho.
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Carácter alimentario: Se subrayó que el Estado no puede retirar un derecho previsional de esta naturaleza sin una fundamentación jurídica sólida.
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Diferenciación de causas: La Cámara aclaró que esta decisión no interfiere con los procesos de ejecución penal que enfrenta la ex mandataria.
El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, ya confirmó que interpondrá un recurso extraordinario federal para intentar revertir esta sentencia.
La ofensiva de los fiscales Luciani y Mola
En paralelo, la situación patrimonial de Kirchner volvió a verse comprometida. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de un vasto listado de bienes en el marco de las causas que involucran al empresario Lázaro Báez.
Detalle de los bienes solicitados para decomiso:
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Inmuebles: 141 propiedades (13 de sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculadas a Báez), incluyendo el departamento de la calle San José donde la ex presidenta reside bajo arresto domiciliario.
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Vehículos: 46 automotores pertenecientes a las firmas investigadas.
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Efectivo: Más de 5.6 millones de dólares (repartidos entre cajas de seguridad y cuentas bancarias) y una suma en pesos.
«El derecho previsional no se convierte automáticamente en pena accesoria por voluntad administrativa», defendió el abogado Gregorio Dalbón tras conocerse el primer fallo, celebrando lo que consideró un acto de justicia ante una medida que tildó de arbitraria.
